La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar que otorga el beneficio de libertad provisional a ocho militares presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas, dictada por la jueza segunda de Distrito de procesos penales federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, en el Estado de México, en cumplimiento a una sentencia de amparo.
Esta situación demuestra, una vez más, que el Poder Judicial realiza los llamados “sabadazos”, sin anteponer el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, en un asunto que implica graves violaciones a derechos humano, indicó la Comisión en un comunicado.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, indica que esta determinación no los exonera de los cargos y que continuarán sujetos a proceso.
Las medidas cautelas que se les impusieron son: firma periódica cada 15 días ante el juzgado del proceso, garantía económica de 50 mil pesos, prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte, en caso de contar con él; tampoco podrán acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas y al estado de Guerrero; además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.