Con la imposición de candidatos y aportación de recursos ilícitos, el crimen organizado representa una amenaza para los procesos electorales y un riesgo para la convivencia social, alertaron especialistas y funcionarios electorales.
“La amenaza del crimen organizado no es únicamente a la integridad de nuestras elecciones y no es únicamente a nuestra democracia, esa amenaza es al Estado Mexicano y a nuestra convivencia social”, señaló Oswaldo Chacón Rojas, consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación de Chiapas.
Por su parte, Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de Delitos Electorales en Jalisco, dijo que “el crimen organizado que financió una campaña y se siente dueño del presidente municipal, va a mandar en cada acto que se celebre”.
Para Carla Astrid Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), hay una evidencia de una obligación de registrar un candidato o candidata que, a nivel local, “son mucho más vulnerables a ser presionados porque, además, conocen a tu familia, donde vives, qué haces y es mucho más complicado escapar a estas líneas o ligas de presión con la injerencia del crimen organizado”.
Frente a este escenario, plantearon como una obligación prioritaria de los partidos políticos blindar sus postulaciones a puestos de elección popular.
“Porque ellos tienen la principal responsabilidad del vínculo o no de personas ligadas a estos negocios en las campañas”, mencionó Oswaldo Chacón Rojas.
Asimismo, Carla Astrid Humphrey comentó que hay que tratar a los partidos como entidades de interés público y exigirles cuentas.
“Queremos meterlo como ya una obligación de los partidos, tienen que ver a quién están postulando”, puntualizó.
Al participar en la Cámara de Diputados, en el Foro 12 del Parlamento Abierto para la reforma electoral en materia de seguridad, combate a la violencia y prevención de la intervención del crimen organizado en las elecciones, los ponentes se pronunciaron por mantener el financiamiento público en los procesos electorales.
De lo contrario, advirtieron, abrir la puerta al uso de recursos privados mermaría los controles de fiscalización.
Ante esto, Oswaldo Chacón Rojas dijo que mucho de ese financiamiento ilegal va a tareas que son muy difíciles de controlar en términos de la fiscalización: “el clientelismo electoral”.
“Que haya una fiscalización inmediata, que se pueda prevenir ante una situación de riesgo, ya sea de la participación de la delincuencia organizada o del riesgo de la integridad de una persona”, señaló María de los Ángeles Fromow, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Una huella más que ha dejado el crimen organizado en los procesos electorales, afirmaron, es la violencia en general y la violencia política de género.
Recordaron que en el proceso de 2021 fue el más violento en la historia del país con 36 candidatas y candidatos que perdieron la vida en campañas, mientras que casi 300 casillas no fueron instaladas en diversas regiones del pasís por la presencia del crimen organizado.
Otras propuestas planteadas por los especialistas son fortalecer la fiscalización de monedas virtuales y considerar el voto obligatorio y la urna electrónica para restar fuerza a la influencia de los grupos delincuenciales.
Este jueves, en San Lázaro continuará el Parlamento Abierto en materia electoral con el tema financiamiento público para las campañas electorales.