El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sostuvo que algunas voces críticas buscan restar importancia al informe que rindió hace dos semanas sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sin haber leído el documento.
En entrevista con el programa El Chamuco TV, el funcionario expuso que hay quienes, aunque no leyeron el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se han atrevido a asegurar que es lo mismo que se determinó en la conocida “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Quieren reforzar la vieja idea de que existe una verdad histórica, pero hay profundas discrepancias con respecto a nuestras investigaciones; ya hemos acreditado cómo la verdad histórica se construyó sobre la manipulación de los, hechos para crear una falsa verdad y hemos demostrado, en primer lugar, que los muchachos no se presentaron en Iguala a ‘reventar’ el informe de la presidenta del DIF como se decía”, sostuvo.
Encinas Rodríguez detalló algunas diferencias entre la “verdad histórica” y el informe que dio hace unos días: enfatizó que hay un punto de partida en el que los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se dirigen a Iguala, después de que la Policía Federal de Caminos y del estado les impidiera la toma de camiones tanto en Chilpancingo, como en Tierra Colorada.
“Los jóvenes se fueron a la terminal de autobuses de Iguala, pero en ningún momento pensaron boicotear el informe de la presidenta del DIF, eso absolutamente falso”, comentó.
En segundo lugar, dijo, la “verdad histórica” señala que los 43 estudiantes tuvieron un enfrentamiento con policías municipales, lo cual nunca sucedió en realidad, sino que fueron objeto de una persecución y agresión, para de ahí ser enviados a la barandilla de la Policía Municipal de Iguala.
También enfatizó que los jóvenes fueron detenidos y divididos en 3 bloques una vez que salieron de la central de autobuses, nunca estuvieron todos juntos como se creía.
“Un grupo fue entregado al grupo de sicarios de Guerreros Unidos, para llevarlos a la zona de Cocula, pero los demás, como lo hemos venido demostrado, actuaron en distintos lugares de Iguala. Estimamos que Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula trabajaron de manera coordinada bajo un sólo mando; se presume que unos fueron enviados a la zona de Huitzuco, otros a Santa Teresa y zona del Río Balsas en Eduardo Neri, y otros hacia Taxco y zona de Cocula”, indicó.
Alejandro Encinas comentó que la parte más significativa de los hechos, es que la “verdad histórica” se basa en la idea de que los 43 fueron llevados en conjunto al basurero de Cocula, donde fueron ultimados, incinerados y sus restos y cenizas fueron depositados en bolsas, para ser vertidos al Río San Juan.
Estas suposiciones, dijo, derivan de declaraciones que se obtuvieron bajo tortura de todas las personas detenidas; se fueron generando espacios de intervención de autoridades, para generar versión falsa de los hechos.
“Todo se contrasta con la investigación que realizamos, pues hemos retomado todos los elementos y pruebas necesarias para su análisis. Además, hay un momento que para nosotros fue el más importante, al filo de las 10.45 de la noche, donde se da una orden, no solamente de perseguir y enfrentarlos, sino prácticamente de desaparecerlos”, expresó Encinas.
Y reiteró que nos encontramos ante un escenario muy distinto al de la “verdad histórica”, porque la investigación de la comisión no sólo se basa en hechos técnicos y científicos acreditables, “sino que no torturamos absolutamente a nadie, como sucedió en la verdad histórica”.
¿Quién mandó a secuestrar los camiones?
Alejandro Encinas explicó que los estudiantes decidieron tomar camiones como sucede regularmente, sobre todo cuando ser acerca la conmemoración del 2 de Octubre, entonces ya se les estaba dando seguimiento por parte de las autoridades.
“Pero hubo varios componentes adicionales, ya que dentro de los propios muchachos había un informante de la Sedena, que estaba matriculado como estudiante de la Normal y que iba dentro del grupo de los 43; a pesar de que existe un protocolo para búsqueda de soldados desaparecidos los mandos superiores no lo implementaron para hacer la búsqueda de su elemento, y saber de su integridad”.
Explicó que ese contacto hubiera permitido localizar al resto de los muchachos, para impedir la violencia y hasta su desaparición, “todos estaban informados de qué pasaba y ninguna autoridad hizo nada, hay actos de omisión”.
La “verdad histórica” exonera al Estado
El subsecretario de Derechos Humanos reafirmó una vez más que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, porque participaron encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos, entre ellos policías de los tres niveles, así como autoridades de distintos órdenes de Gobierno. También hay indicios de la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería.
Aseveró que en el caso se conjugan varios factores como los delitos graves en materia a violación de los derechos humanos y desaparición forzada, la privación de la libertad, el homicidio, el ocultamiento de responsables y la intervención indebida de instituciones de procuración de justicia, con lo que se generó un marco de ocultamiento de la verdad de los hechos y de impunidad para los perpetradores
El entrevistado declaró que la “verdad histórica” tuvo como propósito cerrar la investigación y legitimar una verdad que no existió, para que el Estado se exonerara.
“En el gobierno de Peña Nieto no se ocuparon del papel que jugaron las dependías federales que intervinieron en los hechos, y eso era fundamental”, agregó.
Dijo que, con la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, se han puesto a disposición de la FGR alrededor de 45 mil documentos, así como capturas de pantalla, intervenciones telefónicas y otras pruebas que la fiscalía tiene que desahogar. También se cuenta con fuentes nuevas y testimonios de personas que obtuvieron su libertad por actos de tortura.
“Es importante saber la verdad porque es responsabilidad del Estado, tenemos la obligación de dar a conocer qué paso y detener a los responsables, pero también es un acto de convicción y voluntad política. La sociedad mexicana merece conocer la verdad de las actuaciones de sus gobernantes y autoridades, que tienen la responsabilidad de cuidarlos”, añadió.
Asimismo, reconoció que hay periodistas que han aportado o ayudado con datos sobre el caso, y que han sido una importante fuente de información.
“Pero, por otro lado, hay quienes lamentablemente quieren seguir en la opacidad. Algunos nos adjudican datos, cifras o nombres que no están en el informe; insisto en que simplemente no lo leyeron y están tomando sus viejos artículos y notas para reproducirlas”.
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia seguirá trabajando
Encinas Rodríguez aseguró que los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia seguirán para obtener la verdad sobre el caso y para saber sobre el paradero de los jóvenes.
“El objetivo es que esto no vuelva a suceder, tal como lo subrayó el presidente López Obrador. Hay que garantizar la justicia y sanar; abrir el camino para conocer la verdad, sin simulaciones”, expresó.
Finalmente comentó que con los padres de los jóvenes desaparecidos prevalece una relación de respeto por la lucha que están realizando cada día:
“Merecen nuestro respeto y reconocimiento. De hecho, en la comisión participan 5 padres de familia con quienes nos reunimos regularmente; a los familiares se les informa en todo momento de los avances de la investigación”.