La Defensoría Pública Federal, que representa jurídicamente ante un juez a personas que no tienen recursos para pagar un abogado, contará con su propio Laboratorio de Ciencias Forenses.
Esto gracias a una inversión de 60 millones de pesos y se espera que inicie operaciones el próximo año, reveló en exclusiva para Once Noticias, Netzaí Sandoval Ballesteros, director general de dicho organismo.
“La Defensoría Federal ha estado trabajando para tener ahora un Laboratorio de Ciencias Forenses, te decía que vamos a esta capacidad institucional de nuestra Defensoría Pública de cuestionar los peritajes. También va a implicar que ahora nosotros podamos generar peritajes científicos muy especializados”, explicó Netzaí Sandoval.
Cuestionar los peritajes que realizan las fiscalías permite combatir la tortura, la corrupción, la fabricación de delitos y de presuntos culpables.
En ese contexto y tras el convenio histórico firmado en mayo pasado por Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se logró la primera liberación de una mujer que permaneció 16 años presa en el penal de Santa Martha Acatitla y se recibieron 600 solicitudes de reclusas para que sus casos sean revisados.
Ahora se buscará llegar a todo el país, y analizar la situación jurídica de personas de grupos vulnerables, entre ellos reos de origen indígena.
“Ya se están buscando convenios de colaboración iguales como Ciudad de México con entidades como Chiapas, Oaxaca, pensando en beneficiar a personas indígenas, también ese es otro cambio que se debe a la administración del ministro Zaldívar”, agregó Sandoval Ballesteros.
Y continuó: “ahora llegamos a 148 variantes lingüísticas, eso implica la contratación de cientos de abogados bilingües que nacieron en una cultura indígena”.
El reto de la Defensoría Pública Federal es lograr la liberación de más inocentes:
“Tenemos ahora 3 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, somos el único despacho de México que litiga en todas las entidades federativas. Ahora lo que ocurre y ocurre de manera alarmante es qué hay más mujeres privadas de libertad en prisión preventiva, que hombres, en proporción y esto es muy delicado”.
Hoy en día, 12 mil 824 mujeres están privadas de su libertad, de ese porcentaje más de la mitad están en prisión preventiva, es decir, 6 mil 616 están en calidad de procesadas y sólo 6 mil 208 han recibido sentencia.
Con la reforma impulsada desde el 2019, por la Suprema Corte, se determinó que ninguna persona debe permanecer más de dos años en prisión sin que se le dicte sentencia.
“Esto quiere decir que son mujeres inocentes constitucional, legalmente hablando, son mujeres inocentes que pues deberían enfrentar su proceso en libertad. En cualquier país normalmente eso ocurriría, se tendría que llevar su juicio libres, y una vez que te condenen pues entonces ya entras a prisión a purgar la pena”, expuso.
En este punto, la defensoría reconoce el trabajo de las organizaciones civiles:
“Estamos hablando de más de 40 organizaciones de la sociedad civil qué asisten cotidianamente a la Defensoría Pública, que debaten con nosotros, que critican nuestro trabajo, que nos enriquecen, pero que también nos ayudan”.
Ahora, la tarea principal es que mujeres, personas de origen indígena, así como de la comunidad LGBTIQ+ o con discapacidades, puedan acceder a un proceso justo.