Como parte de la nueva ética pública de la Cuarta Transformación, la secretaría de la Función Pública busca convertir en Ley General el programa de Personas Alertadoras de la Corrupción.
El objetivo es establecer un instrumento jurídico que garantice medidas de protección y reparación para las personas alertadoras, además permitiría detectar actos de corrupción que involucren al sector privado, explicó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Vemos que este tipo de leyes permite la revelación de información a cerca de actividades ilegales, incorrectas y peligrosas realizadas no solamente por funcionarios gubernamentales con niveles jerárquicos importantes, sino también por actores privados que se coluden con los funcionarios públicos o con los tomadores de decisiones’’, aseguró Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública.
Al participar en un conversatorio virtual para la construcción de esta iniciativa, Sandoval Ballesteros explicó que actualmente no hay alguna ley que defina, reconozca y proteja a las personas alertadoras, además únicamente se cuenta con el programa y protección que se brinda desde la Función Pública, pero solo es aplicable a nivel federal.
Así, con esta ley, se daría cumplimiento verdadero y formal a los convenios internacionales que el estado mexicano tiene signados desde hace muchos años, refrendó la Función Pública.
La legislación está incluida en todos los convenios más importantes de combate a la corrupción en el mundo. Estos son los mismos convenios que había asignado el Estado mexicano como por ejemplo la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción’’, aseguró Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública.