Los ejidatarios del Ejido El Bajío han denunciado que la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC y propiedad de la familia Baillères, está buscando poner en riesgo el desierto que habitan y que recientemente ha sido reconocido como área natural protegida.
Según el expediente 445/2023, presentado ante el Tribunal Agrario Número 28 de Hermosillo, Sonora, cinco personas que afirman ser ejidatarios solicitan la anulación del reciente reconocimiento otorgado al Ejido El Bajío. Este reconocimiento certifica 2 mil 460 hectáreas como Área Natural Protegida bajo la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, emitido por la SEMARNAT a través de la CONANP.
El abogado Sergio García Camacho, representante legal del Ejido El Bajío, explicó en una entrevista con Once Noticias que esta demanda fue presentada en diciembre de 2023 y que detrás de ella se encuentra la familia Baillères.
El abogado señaló que las cinco personas demandantes fueron desconocidas por la Asamblea General de Ejidatarios desde el 26 de febrero de 2017, debido a que se presumía que eran aliadas de la empresa minera. Por lo tanto, se les retiraron sus derechos agrarios y fueron expulsadas del núcleo ejidal.
García Camacho enfatizó que, según el artículo noveno de la Ley Agraria, la Asamblea General de Ejidatarios es la máxima autoridad en los ejidos, y ellos decidieron expulsar a estas cinco personas porque iban en contra de los intereses de la comunidad.
García Camacho explicó que, desde 2017, estas personas ya no son ejidatarios y tenían 90 días para impugnar esa decisión y presentar una apelación ante el Tribunal Unitario Agrario para anularla, pero no lo hicieron.
El argumento de los demandantes es que ellos fueron actores en el juicio 188/2009 en donde el Tribunal Unitario Agrario les reconoce la titularidad del usufructo de una parte de los territorios, pero en 2017, fueron desconocidos como ejidatarios y en 90 días no presentaron recursos para apelar esa decisión.
Al ser cuestionado sobre si el área del desierto que se destinó a ser conservada y protegida corría un riesgo de anulación, el abogado detalló que existen inconsistencias en la demanda, por ejemplo, las autoridades como CONANP tendrían que estar demandadas, dado que son quienes otorgaron la categoría.
El abogado recordó que ya se había denunciado previamente que en este litigio hay intereses mayores involucrados, como el hecho de que uno de los representantes legales de este grupo de exejidatarios está vinculado con la familia de Caro Quintero y también con la empresa minera.
“Siempre nos encontramos con que todos los actos legales efectuados por ellos al final llevan un beneficiario: a la familia Baillères. […] son los únicos que tienen el poder económico y todos los intereses para ir a explotar de nuevo y a devastar el ecosistema. Ellos empiezan a cometer acto tras acto aliados con Minera Penmont, con las fuerzas oscuras de Sonora y en contra del patrimonio del núcleo ejidal”, externó.
Desde el año 2011, los ejidatarios de Ejido El Bajío ganaron una primera sentencia para desalojar a esta minera de su territorio. Hasta 2013 se llevó a cabo la primera desocupación. En ese año, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio. En 2014 un Tribunal Colegiado ordenó a la minera restituir las tierras del ejido El Bajío y sanar, también, los daños medioambientales, así como la devolución del oro a los ejidatarios.
El abogado recordó que no se han cumplido esas 67 sentencias, menos aún, porque la minera propiedad de los Baillères ha impulsado estrategias para dilatar la ejecución. Hasta ahora el caso ha pasado por ocho magistrados y el abogado sostuvo que la actual magistrada que lleva el caso ha dado avance para que se ejecútenlas sentencias, lo que consideró un avance.
“Ya están nombrándose peritos, están ya haciendo trabajo de campo algunos peritos, otros están protestando el cargo, peritos contables, peritos en minería, peritos en el tema ambiental. En fin, está en proceso, pero esta es un distractor más, es una estrategia más”, denunció.