El 14 de julio de este año, desaparecieron en Sonora siete personas que pertenecen a la comunidad yaqui.
El contexto de la desaparición se da en medio de varios conflictos que la comunidad tiene contra empresas e instituciones gubernamentales, como es la construcción de un gasoducto que recorre 330 kilómetros de la comunidad. Y la defensa de su territorio y agua que el Gobierno reclama como propiedad federal.
Últimamente hemos visto desapariciones de gente, en el mes de mayo desaparecieron seis personas, en junio fueron cuatro y en julio están nueve personas desaparecidas de las cuales siete son de la comunidad Yaqui. En los últimos dos años hemos visto muchas desapariciones, pero este año ha sido muy violento. Como sociedad empezamos a notar que las desapariciones recrudecieron cuando iniciamos la lucha por los derechos del agua y el territorio de la tribu Yaqui contra el Gobierno Federal”, explicó Anabela Carlon, defensora de la comunidad, en conversación con Once Noticias.
En el caso de las siete personas que desparecieron el pasado 14 de julio se sabe iban a llevar vacas a una fiesta tradicional de Bataconcica.
Martin Hurtado Flores, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabián Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz y Fabián Valencia Romero fueron vistos por última vez en el rancho Woi ba’am (Coyote) donde se encuentra una tumba de un ancestro.
Las autoridades de Loma de Bácum se enteraron de la desaparición y junto con la comunidad salieron a la mañana siguiente a buscarlos en la sierra, iban acompañados de la vigilancia de la autoridad tradicional y algunos voluntarios.
En el camino sólo encontraron el equipaje esparcido de tres de ellos, una piola y una vaca quemada.
Los familiares hicieron una denuncia ante el Ministerio Público de Bácum, el 16 de julio, y la información se alojó en el caso con el número 33988.
En los días siguientes llegaron elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda para hacer los trabajos de localización.
Hasta el momento, no han tenido ningún acercamiento por parte de las autoridades federales, pero esperan que estos días se acerquen a realizar su trabajo.
“Las búsquedas continúan porque la comunidad así lo exigimos, aunque muchas de las autoridades ya quieren dejar de buscar”, dijo la abogada.
“Hay muchos intereses que están en juego, porque el gobierno está reclamando el agua y el territorio Yaqui, pero quienes nos vienen a amenazar son del crimen organizado. Es una forma de represión porque también el día 15 de julio llegó gente del gasoducto para presentar el nuevo trazo de su proyecto, pero por la situación no los pudimos atender. Parecía que se estaban lavando las manos. Son muchas resistencias que tenemos aquí, por eso no sabemos existente qué está sucediendo. Es una forma de presionar a nuestro pueblo”, explicó Anabela.
La abogada explicó que la comunidad cuando toma sus decisiones lo hace por medio de la Asamblea, así que todos son responsables de las acciones que se toman a futuro. Por lo que esta violencia se entiende como una forma de reprimir a las familias que tienen la voz dentro de la Asamblea.
Esta forma de hostigamiento contra nuestros pueblos apunta a una campaña de odio contra nosotros por la defensa de nuestro territorio. Pero no van a criminalizar nuestra defensa. Esta violencia no va a parar nuestro trabajo de lucha, porque esta es nuestra casa. Tenemos que dejar de normalizar la violencia, para que esto no le suceda ni a los pueblos indígenas, ni a cualquier familia”, concluyó la abogada.