El 6 de septiembre, la Marea Verde en México se vistió de manteles largos, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de sentencia de un Amparo en Revisión promovido por la organización feminista, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), sobre la constitucionalidad de la regulación del aborto en el Código Penal Federal.
Ese fallo determinó un nuevo rumbo para las mujeres y personas con capacidad para gestar, porque reconoció que penalizar el aborto a nivel federal viola sus derechos humanos.
Tal como aseguran expertas, esto fue posible gracias a la ardua lucha que emprendieron activistas feministas, “ellas han picado piedra, han insistido y contra viento y marea lo han hecho”, aseguró Xóchitl Velázquez Martínez, abogada y consultora legal en materia de derechos sexuales y reproductivos, en entrevista con Once Noticias.
Sin embargo, esta lucha aún debe enfrentar diversos desafíos como la capacitación del personal de salud y la armonización de los códigos locales, así como asegurar su continuidad en las agendas políticas.
El alcance: un servicio de salud
La sentencia histórica que emitió la SCJN permite que las personas que lo necesiten puedan acceder a abortos en las instituciones federales de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex y del Sistema Nacional de salud pública).
De acuerdo con la abogada Velázquez Martínez, “con esto se cubre aproximadamente un 70% de atención en el territorio nacional, para las personas que decidan solicitar una ILE”, explicó.
Además la sentencia declaró que el personal médico no podrá ser criminalizado por brindar este servicio.
Al respecto, Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), organización internacional que trabaja sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en entrevista con este medio, dijo que con esta decisión se logra “darle legitimidad a un servicio de salud que debe de ser prestado y reglamentado desde las leyes de salud en nuestro país”.
Ambas expertas señalaron que este camino, empero, comenzó a trazarse desde el 7 de septiembre de 2021, cuando la SCJN determinó que penalizar el aborto era inconstitucional.
En ese momento se generaron precedentes relacionados con la autonomía reproductiva, a través de las sentencias emitidas en Coahuila y Sinaloa.
No obstante, la diferencia de este fallo con respecto a las de 2021, es que ahora se asegura que las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos sin que haya una sanción penal. Además tiene efectos generales para todo el país.
Desafíos: asegurar los derechos humanos de las mujeres
Este paso, he dicho antes, ha sido un logro histórico que lleva a México a sumarse ser el octavo país de la región que despenaliza el aborto.
Los otros países son: Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana y Guyana Francesa.
Sin embargo, aún existen algunos desafíos que debe sortear. El más general, asegura Xóchitl, es que se trata de una curva de aprendizaje para las instituciones dado que considera que la prestación de este servicio requiere, para acatar la resolución, un proceso de formación y sensibilización.
Otro de los desafíos, de acuerdo con Díaz de León, es su cabal cumplimiento porque pese a la sentencia de Coahuila de 2021, se siguieron hacieno investigaciones en contra de mujeres que acudían a estos servicios.
En ese tenor, la activista y abogada criticó que otro relevante es la armonización de los códigos locales, dado que en 20 estados aún no se han adecuado las leyes a la sentencia de Coahuila, pese a dos llamados de atención que ha hecho la SCJN.
“Legisladores y legisladoras en nuestro país piensan que es su labor legislar o tomar decisiones públicas con base en sus creencias y la realidad es que lo que hemos visto es que las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos de las personas. Muchos de los congresos se han negado a discutir iniciativas alegando que el Estado o la mayoría de los y las legisladoras tienen estas creencias ‘providas’”, aseguró Fernanda.
Otro de los que preocupan es asegurar su continuidad en las agendas políticas. En ese sentido, la abogada Xóchitl sentenció que en este Gobierno se presentaron avances que no se habían dado antes.
“Contrario a lo que se había pensado en algún momento respecto a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que no está de acuerdo, pero no se entromete. Dejó ser al Centro Nacional de Equidad, permitió que se impulsara desde adentro. No intervino y eso permitió se hablara de manera abierta y clara. Yo llevo trabajando este tema con desde 2009 y nunca habíamos tenido esta posibilidad de hablarlo tan claramente como se hizo ahora en este gobierno. No sólo por las sentencias de la Corte sino desde antes ya se hablaba con la palabra aborto”, dijo.
Ambas, coinciden que esta lucha no deviene desde la política sino que tiene la bandera de la Marea Verde, pero ambas consideran que se debe seguir dando batalla porque todavía en México, la despenalización abarca sólo las 12 semanas y todavía queda el desafío de la política pública.
“La sola despenalización en las leyes o por vía judicial no crea servicios de salud. Hay que trabajar en cada rincón del país para que los profesionales de la salud conozcan la ley y puedan apoyar y dar servicios a las mujeres que lo requieren. [..] sienta las bases para que la discusión política a la que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses, tiene que ser desde ahí, desde que la Corte ha reconocido que penalizar el aborto es inconstitucional, es contraria a los derechos de las mujeres y personas gestantes”, concluyó Fernanda Díaz de León.