María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, permanecerá en prisión preventiva justificada tras ser acusada de ordenar el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, en enero de 2024.
Además, enfrenta señalamientos por vínculos con el grupo criminal “La Familia Michoacana”.
Acusaciones y crimen
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el asesinato del síndico y su chofer ocurrió el 25 de enero de 2024.
Ambos viajaban hacia Zacazonapan para firmar acuerdos cuando un comando armado los interceptó, golpeó y ejecutó con disparos en la cabeza.
Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en la carretera Temascaltepec-Luvianos.
La disputa política entre María Elena “N” y Miguel Ángel Lara habría sido el origen del conflicto.
El síndico, militante de Movimiento Ciudadano (MC), se oponía a que la alcaldesa impusiera directores de área en el ayuntamiento.
María Elena “N”, quien llegó al cargo bajo las siglas de MC pero posteriormente se unió a Morena, habría ordenado el crimen al no lograr un acuerdo.
Nexos con “La Familia Michoacana”
Durante la audiencia de imputación realizada este domingo, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan a María Elena “N” con José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, líder de “La Familia Michoacana”.
Según el expediente, la alcaldesa entregaba un millón 300 mil pesos del erario a la organización criminal cada tres meses.
Además, la presidenta municipal habría mantenido informada a “La Familia Michoacana” sobre operativos de seguridad en Amanalco y otros municipios cercanos, facilitando así sus actividades ilícitas.
Decisión judicial y medidas cautelares
El juez que conoció la causa penal calificó de legal la detención de María Elena “N” y determinó mantenerla en prisión preventiva justificada, argumentando razones de seguridad.
La defensa solicitó su traslado al penal de Valle de Bravo, dado que los hechos ocurrieron en esa jurisdicción, pero la petición fue rechazada.
La alcaldesa permanecerá en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras se resuelve su situación jurídica.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el miércoles para determinar si se le vincula formalmente a proceso.