El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Manuel Alejandro Robles, dio a conocer la presentación de la iniciativa de reforma al artículo 94 de la Constitución para ajustar las remuneraciones de las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las percepciones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El legislador morenista consideró que la renuencia de las y los ministros a bajar sus salarios es una muestra más de su “falta de compromiso ético y moral con el pueblo de México”.
Es un acto, estimó, que simboliza y demuestra la conversión de las y los integrantes del Máximo Tribunal del país, en un poder al servicio de intereses personales y de la oligarquía, sin responder a los intereses del pueblo.
El diputado Robles sostiene que ministras y ministros de la corte han demostrado “deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social, al autootorgarse amparos para dejar de ajustarse a la constitución, en un abierto conflicto de intereses”.
Además, reconoció que desde 2022, hay 5 mil amparos contra la austeridad declarada por el Presidente de la República, acción poco ética por parte de Funcionarios Públicos que deberían servir al pueblo de México y no servirse de los impuestos de la gente.
Asimismo, aseguró que de las y los Servidores Públicos que se han amparado contra el decreto presidencial, tres cuartas partes pertenecen al Poder Judicial.
Estrategia en trata de personas
Por su parte, el Coordinador de los Diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció la próxima realización de foros para conocer y revisar la estrategia contra la trata de personas, a fin de elaborar una iniciativa de reforma que fortalezca la lucha contra este delito.
De esta forma, dijo, la estrategia del Gobierno de México contra la trata de personas se fortalecerá desde el legislativo, a través de una iniciativa para visibilizar esta realidad a nivel nacional.
De igual manera, recordó que el Titular del Ejecutivo Federal, a través de un decreto, avanzó en esta materia, a la que se le considera como una modalidad de secuestro, esclavitud y corrupción de personas.
Sin embargo, añadió que a pesar de los esfuerzos impulsados desde la Cámara de Diputados para actualizar el marco legal contra este delito, hay complicaciones para armonizar dichas modificaciones con las leyes que existen en los estados de la República.
“Ministros no pueden bajarse salario”, responde SCJN a Segob