Con 258 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa y amplió el catálogo de delitos a los que se aplicará de oficio esta medida: violencia sexual contra menores, feminicidio, delitos en materia de hidrocarburos y uso de programas sociales con fines electorales.
- También se incluyó el enriquecimiento ilícito, los robos en casa habitación, al transporte de carga, al transporte ferroviario, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, así como la desaparición forzada de personas y los ataques a las vías generales de comunicación.
Al presentar el dictamen, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, dijo que se trata de una armonización a la Reforma Constitucional del artículo 19.
No solo se trata de dar cumplimiento a una obligación emanada de una reforma constitucional, sino que se trata de una armonización legislativa que otorgue mayor certeza jurídica a la población mexicana y mejore el actuar de los órganos jurisdiccionales”, Ruben Cayetano.
Al hablar en contra del dictamen, Enrique Ochoa, del PRI, advirtió que la medida es una salida falsa, ya que se le da al Ministerio Público, el eslabón más débil del sistema de justicia penal, la facultad de meter a la gente a la cárcel.
Hay que dársela a los jueces, que sean los jueces quienes valorando las pruebas que presente el Ministerio Público, puedan dictar o no la prisión preventiva, y la prisión preventiva para los delitos que están en el artículo 19”, Enrique Ochoa.
La perredista, Mónica Bautista, dijo que la prisión preventiva oficiosa va contra los acuerdos internacionales suscritos por México.
Violenta los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, bajo el falso argumento de la protección a la sociedad2, Mónica Bautista.
Los legisladores de Morena aseguran que ahora se garantizará que nadie evada la acción de la justicia.
La prisión preventiva oficiosa permite garantizar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal, impide la obstaculización de las investigaciones y contribuye a salvaguardar la integridad, tanto de las víctimas como de los testigos”, María del Carmen Bautista Peláez, diputada de Morena.
De acuerdo con el dictamen aprobado, en materia de delitos electorales habrá penas de cuatro a nueve años para los funcionarios que durante el proceso electoral usen recursos públicos relacionados con programas sociales con la finalidad de posicionar a un candidato, partido político o coalición.
- La Cámara Baja, como colegisladora, regresó el dictamen al Senado.