Este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 488 votos a favor, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo en los centros penitenciarios y de reinserción social.
La reforma y adiciones aprobadas, permitirán a las autoridades penitenciarias firmar convenios con instituciones educativas, para otorgar reconocimiento oficial a la educación y capacitación laboral que reciban las personas privadas de su libertad en estos centros, con el fin de evitar su reincidencia.
Al fundamentar el dictamen que ya fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio Fernández, resaltó la trascendencia de la reforma para terminar con el concepto de que los penales son históricamente “escuelas de la delincuencia o universidades del crimen”.
El dictamen establece que la reinserción social será ejecutada con respeto a la perspectiva de género, procurará la adecuada integración a la sociedad y que la educación que se imparta en estos centros penitenciarios, impacte en la apremiante reconstrucción del tejido social que demanda el país.
La autoridad penitenciaria podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo.
“Tiene la finalidad principal de garantizar un mejor desempeño por parte de las autoridades penitenciarias del país. De lo que se trata es asegurar entre las otras cuestiones, es la sana convivencia entre los presos y el personal que labora dentro de los centros penitenciarios”, señaló Bernardo Ríos Cheno, diputado por Morena.
El trabajo podrá ser solicitado por la persona privada de la libertad; además, podrá pedir la cuenta de sus ingresos de manera mensual, así como realizar la promoción de sus productos o de sus servicios ofrecidos a través de la autoridad penitenciaria.
“Las personas que cumplen su pena y quieren una segunda oportunidad para tomar otro rumbo en su vida, necesitan leyes claras y que les brinden alternativas”, expresó Karla Ayala Villalobos, diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si al momento de otorgarse la libertad condicionad, la autoridad penitenciaria no cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico, el juez podrá establecer un convenio judicial de pago para cubrir el costo del dispositivo, y una vez establecida la medida, se procederá a la liberación de la persona privada de su libertad.