La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial, cuyo principal debate es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
En un primer momento, los integrantes de la Comisión avalaron en lo general el dictamen, con 22 votos a favor y 17 en contra, sin embargo, legisladores de todos los grupos parlamentarios presentaron reservas a diversos artículos.
Finalmente, los legisladores aprobaron en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial. El proyecto se avaló con 22 por votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas.
Ahora, el proyecto es remitido a la Mesa Directiva de San Lázaro para sus efectos constitucionales.
Inicia debate sobre la reforma al Poder Judicial
Legisladores de Morena y sus aliados avalaron el proyecto que plantea asimismo la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, para 2025.
🔘 La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Carta Magna, en materia de reforma del #PoderJudicial. https://t.co/nYm7Jrcz7E
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 27, 2024
Durante la discusión, resaltó que, la Comisión presidida por el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, aceptó la propuesta de modificación presentada por la diputada Lidia García Anaya, para adicionar la fracción X del Apartado A del artículo 20, relativa a la figura de “jueces sin rostro”.
En ella se propone estipular que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Esta iniciativa sobre la reforma al Poder Judicial, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, contempla modificar el artículo 95 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la elección mediante voto popular de ministros, magistrados y jueces, quienes una vez electos deberán ejercer sus funciones por un periodo máximo de 12 años, lo que representa una reducción de tres años a ocurre actualmente.
Este análisis en la Cámara de Diputados, ocurre en el marco del paro indefinido de actividades administrativas iniciado el pasado miércoles 21 de agosto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Los inconformes advirtieron que la reforma judicial pone en riesgo sus derechos laborales y afectaría la independencia del sistema judicial.
Sobre este debate, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su firme rechazo a esta reforma al Poder Judicial.
¿Qué propone la reforma al Poder Judicial de la Federación?
La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, busca democratizar y volver más eficiente las labores de las instituciones que lo integran.
De ser aprobada por ambas Cámaras, los ciudadanos elegirán por voto directo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial, organismo que será responsable de vigilar el correcto actuar de los integrantes de este poder.
Es decir, que serán sometidos a un proceso electoral mil 688 cargos, entre ellos nueve ministros de la SCJN, siete magistrados del TEPJF y cinco del Tribunal de Justicia Social.
¿Cómo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial Federal?
El Poder Ejecutivo planteará 10 candidaturas, el Legislativo cinco por cada cámara, Diputados y Senadores, y finalmente el Poder Judicial, a través del pleno de la Suprema Corte, propondrá hasta 10 candidaturas por mayoría de seis votos.
Posteriormente, el Senado de la República verificaría que las candidaturas cumplan los requisitos por ley y el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, organizaría la elección.
Las reglas de la elección comprenden que para esta votación, las candidaturas únicamente podrán tener un periodo de campaña de 60 días.
No se permitirá el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo a favor de ninguna de las candidaturas.
Esta reforma plantea, además, una nueva integración de la Suprema Corte, al reducir de 11 a 9 el número de ministros; así como su encargo de 15 a 12 años.