De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 se registraron más de 10 mil víctimas de extorsión que denunciaron ante las autoridades.
Este delito dará un giro con la aprobación unánime de 456 votos a favor, pues la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política.
La normativa establece que la extorsión se perseguirá de oficio, sin necesidad de denuncia, y permitirá que las víctimas presenten su denuncia de manera anónima, sin acudir directamente a la fiscalía o Ministerio Público.
Las penas oscilarán entre seis y quince años de prisión, con agravantes que aumentan la sanción hasta 25 años, si el delito es cometido por alguna autoridad de gobierno o mediante medios virtuales.
“Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias”, dijo Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia.
Crean Centro Nacional de Denuncia contra la extorsión
La ley también establece la creación del Centro Nacional de Denuncia, accesible al número 089, donde las víctimas podrán denunciar de forma anónima y recibir apoyo durante todo el proceso.
“Y esto es clave, porque según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, el 97% de los casos no se denuncia, por miedo o por desconfianza. Este silencio ya no puede seguir siendo la norma”, afirmó María Teresa Ealy, diputada de Morena.
Además, la legislación prevé colaboración con compañías telefónicas para bloquear y eliminar los números denunciados, así como inhibir llamadas provenientes de reclusorios en todo el país.
Debate y opiniones de la oposición
Durante el debate, legisladores de la oposición respaldaron la iniciativa, pero cuestionaron que la pena mínima de seis años sea inferior a la de algunos estados como Chihuahua, Baja California y Guerrero, donde el mínimo es de siete años.
Esto podría implicar que aproximadamente 500 personas sentenciadas por extorsión queden en libertad.
“Bajaron la sanción de extorsión, nosotros la traemos con mínimo de 10 años a cualquier persona que comete el delito de extorsión, porque nos parece un delito grave y que con agravantes tiene que ir creciendo varias decenas de años, que hizo el gobierno bajarlo a seis años, pero no se dieron cuenta, o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, la sanción mínima ya es de siete años”, señaló César Israel Damián, diputado del PAN.
Por su parte, Alejandro Domínguez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió: “si hacemos una suposición porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas, estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de la extorsión”.
El Partido del Trabajo (PT) señaló que la ley es un avance, pero sugirió perseguir también la tentativa de extorsión, para proteger a las y los mexicanos de amenazas como mensajes intimidatorios o llamadas con advertencias de violencia.
“Castigar también la tentativa de extorsión. El que llama, el que manda un mensaje, el que deja un recado con una bala, ya por ese hecho amerita una sanción de carácter penal. Ya no habrá quien se esconda por la falta de una legislación eficaz”, afirmó Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT.
Medidas adicionales
La ley contempla la modalidad virtual de extorsión y establece que cualquier delito cometido por autoridades de gobierno se considere agravante. Además, se busca una coordinación efectiva entre autoridades y compañías telefónicas para bloquear números denunciados y evitar llamadas desde reclusorios.
Con estas medidas, México busca consolidar un marco legal integral que proteja a las víctimas y reduzca la impunidad en los casos de extorsión a nivel nacional.