Con hasta siete años de cárcel y multas de 86 mil pesos, se sancionará a quienes lucren con la toma de casetas en autopistas, impidan el cobro o condicionen el tránsito del transporte por esas vías de comunicación.
Así lo estableció el Pleno de la Cámara de Diputados al reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, para terminar de una vez por todas con el llamado “huachicoleo carretero”.
El año pasado, refirieron los diputados, la toma de casetas provocó pérdidas por casi 7 mil millones de pesos, severo golpe a las finanzas del Estado mexicano.
Grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas; en casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”, señaló Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en la Cámara de Diputados.
Los legisladores coincidieron que las reformas garantizan el Estado de Derecho en las vías generales de comunicación.
Extorsionan a los usuarios con el cobro, impidiendo además que estos puedan contar con una cobertura de póliza de seguro a la que tienen derecho por el pago de peaje”, dijo por su parte la diputada de Morena Juanita Guerra Mena.
“Los grupos que realizan estas acciones se escudan en las más variadas causas sociales, pero las realizan para financiarse y financiar a sus líderes mediante el cobro irregular”, subrayó la legisladora del PRD, Norma Azucena Rodríguez.
Los cambios aprobados prevén, además, nueve años de cárcel a quien dañe o destruya las vías de comunicación o interrumpa su construcción.
Las vías concesionadas son un bien nacional, por lo que la toma de casetas y la obstrucción de las vías representan un daño a los bienes nacionales y a los bienes de uso común”, indicó Carlos Elhier Cinta Rodríguez, diputado del PAN.
Algunos diputados del PAN, Morena y PT acusaron que la propuesta criminaliza el derecho a la libre manifestación.
Lo que está abriendo es la puerta a la represión de la lucha social”, expuso Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.
Ante el descontento, los diputados aprobaron una reserva para excluir de las sanciones a los habitantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se manifiesten de manera pacífica, justificada y sin fines de lucro en vías de comunicaciones aledañas a sus comunidades.
Los estados más afectados por la toma de casetas son Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán.
La minuta aprobada fue enviada al Senado para su dictaminación.