Ante el incremento y existencia de millones de mujeres, niñas y niños, víctimas, la Cámara de Diputados inició el análisis y discusión de una iniciativa de reformas al Artículo 20 de la Constitución, paras garantizar durante los procesos penales la protección de los datos personales de las víctimas de delitos sexuales.
La iniciativa de reforma, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene como objetivo garantizar el derecho a la privacía de todas las víctimas de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, pornografía, turismo sexual e incesto.
Busca establecer que en el proceso penal acusatorio y oral, la víctima o el ofendido tengan derecho al resguardo de su identidad y la protección de los derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales.
Esto, debido a que con frecuencia, las víctimas de este tipo de delitos son objeto de discriminación, estigmatización y revictimización, tanto por parte de la sociedad como de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los agresores.
La diputada la diputada Lorena Piñón, impulsora de la iniciativa de reforma constitucional, señala que desde el punto de vista psicológico y sociológico, está demostrado que la exposición pública de los datos personales de las víctimas de delitos sexuales puede generar un impacto negativo en su salud mental y emocional, así como en su capacidad de recuperación.
Añade que la exposición pública de la identidad de las víctimas puede generar sentimientos de vergüenza, culpa y humillación, así como aumento del estrés y ansiedad. Dichos delitos infringen una serie de derechos humanos fundamentales de las víctimas, en particular a la dignidad, libertad, salud física y mental, y de la seguridad de la persona.
De acuerdo a la incidencia delictiva registrada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de delitos contra la familia, denunciados en el primer semestre de 2021, ascendieron a 149 mil 550, mientras en el primer semestre de 2020, se registraron 119 mil 335, es decir, hubo un incremento de 25.31%.
En otros rubros: delitos contra la familia, la cifra pasó en ese mismo periodo, de 5 mil 870 casos a 7 mil 66, lo que equivale a un aumento de 20.37%, lo que elevó el número de averiguaciones por el delito de corrupción de menores, de mil 223 casos en el primer semestre de 2020 a mil 300 en el mismo periodo de 2021, es decir, un aumento de 6.3%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana de 2021, que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y/o acoso callejero durante el segundo semestre de 2020.
Además, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual de menores, se estima que, de esas violaciones, el 90% perpetrado acontece en los hogares y el entorno familiar.