Diputados propusieron la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, esto para promover mejores condiciones de vida entre la población infantil en México.
Melissa Vargas, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsora de la iniciativa, dijo que el proyecto busca que las procuradurías de protección en México coordinen esfuerzos para integrar esta base de datos y, de este modo, materializar la finalidad de salvaguardar la integridad, tanto física como mental de este demográfico.
Específicamente, propuso adicionar una fracción XVI al Artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en la cual se estipula que el banco constará de dos apartados. El primero, integrará un registro de datos de niñas, niños y adolescentes agredidas, el cual será privado y tendrán acceso las dependencias que por su naturaleza atiendan víctimas, para evitar la revictimización.
El segundo, señaló, se denominará registro de agresores y agresoras que hayan sido sentenciados por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono y por ser deudor alimentario.
Asimismo, plantea que la información del agresor será pública y cualquier institución o ciudadano podrá acceder a ella mediante una solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la priista, con esta propuesta se busca hacer frente a los casos de violencia contra menores, mismos que difícilmente son denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda.
Durante la exposición de motivos, Melissa Vargas señaló que ante la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre estos y la insuficiente información estadística sobre la violencia, resulta complejo diseñar e implementar políticas de prevención, protección integrales y coherentes para ponerle fin, lo cual enmarca el tamaño del reto para que el Gobierno genere este mecanismo.