La diputada por Morena, Brianda Vázquez, presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a los congresos locales a legislar en favor de implementar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en los niveles medio superior y superior.
Durante su participación en la tribuna, Vázquez Álvarez, de herencia yaqui, aseguró que garantizar los derechos de los grupos vulnerables es primordial para el Estado Mexicano, por lo que recordó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno se compromete a combatir las carencias y rezagos de los pueblos originarios.
“Es obligación del Estado garantizar incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión, la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y de acuerdo con las leyes de la materia y la consulta de comunidades indígenas”, señaló.
Derechos de los indígenas
La Constitución también garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y que ésta se ejercesa en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
Asimismo, señala que la federación, los estados y municipios, están obligados a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Además, el Artículo 48 de la Ley General de Educación establece los principios de equidad con el objetivo de disminuir las brechas de cobertura educativa en todas las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales para combatir la desigualdad y la equidad en el acceso y permanencia en los estudios de razones económicas, de género, origen étnico y discapacidad.
“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas”, indica la ley.