El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó este sábado sobre la recepción de una minuta que reforma diversas leyes en materia de desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de junio y será discutido próximamente por los legisladores.
La propuesta busca fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, a través de nuevas disposiciones a la Ley General de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población.
Alerta Nacional y Plataforma
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, que se activará ante la denuncia o reporte de personas desaparecidas o no localizadas, con alcance en todo el país.
La Comisión Nacional de Búsqueda será la responsable de emitir el protocolo correspondiente, el cual deberá incluir mecanismos de activación, coordinación interinstitucional y sanciones por incumplimiento.
También se contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad, que será la fuente primaria para la consulta de datos en tiempo real, conectándose con bases como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos públicos y privados.
La reforma incluye que instituciones privadas de servicios financieros, telecomunicaciones, salud, educación, transporte, entre otros sectores, deberán permitir el acceso a sus bases de datos si se requiere para localizar a una persona desaparecida.
La Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta en materia de desaparición forzada. Continuaremos con el trabajo legislativo y será discutida con seriedad y compromiso.
— Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) June 28, 2025
Aquí pueden consultarla👇https://t.co/bpIl0UCDZK pic.twitter.com/yn4zO7JQnz
Accesos regulados y sanciones
El acceso a esta plataforma estará regulado por niveles de seguridad y se limitará exclusivamente a fines de búsqueda e identificación, involucrando a fiscalías locales y federales, y a las comisiones de búsqueda.
Además, se establece que cualquier autoridad o particular con datos biométricos deberá permitir la consulta inmediata para coadyuvar en las investigaciones. El INE también deberá compartir información como firmas, huellas y domicilios cuando sea necesario.
Se prevé una sanción económica de entre 10 mil y 20 mil veces la UMA a quienes hagan un uso indebido de la Plataforma Única de Identidad.