Los diputados dieron trámite de publicidad a la discusión de la reforma judicial, como una de las primeras medidas de la nueva Legislatura en el Congreso. De esta forma, podrá discutirse e incluso votarse este martes 3 y miércoles 4 de septiembre.
El trámite de publicidad fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que la oposición intentó desconocer en la sesión, con el argumento de que dos jueces otorgaron suspensiones provisionales.
El diputado Ricardo Monreal explicó que, con base en la Ley de Amparo y la Constitución, los juzgadores no tienen esas atribuciones.
“El 61 de la Ley de Amparo, 39 de la Constitución, 135 de la Carta Magna, por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete”, explicó.
Pese a los argumentos, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) insistió en su rechazo y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonaron la sesión.
“Nos retiramos de esta sesión porque dos jueces dijeron que había suspensión, con la misma legitimidad que el Tribunal Electoral”, sostuvo Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI.
Previo al desencuentro, en la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, entregó el Sexto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la tribuna, brindó un discurso que causó furor. Los opositores le reclamaron, en tanto que los legisladores de la 4T le dieron muestras de apoyo.
“Le hago entrega de este sexto y último Informe de Gobierno del mejor Presidente que ha tenido este país”, expresó Luisa María Alcalde Luján.
“Improcedente” la suspensión que pretende frenar la reforma judicial
Además, también el fin de semana, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la reciente suspensión otorgada por una jueza federal, quien ordenó detener la discusión de la reforma judicial.
Monreal calificó la resolución judicial como “inadmisible e improcedente”, y argumentó que cualquier intervención judicial en los asuntos del Congreso viola la Constitución y el principio de legalidad, además de invadir las funciones y facultades del Poder Legislativo.