Suman 13 años que ejidatarios de El Bajío, en Sonora, sostienen una lucha en contra de la minera Penmont, de la empresa Fresnillo PLC y subsidiaria de Industria Peñoles, propiedad de quien fue el cuarto hombre más rico de México: Alberto Baillères González (dueño del Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros).
Este lobby llegó a enclavarse, desde los noventa, con tres proyectos mineros a cielo abierto. No obstante, fue desde 2011, que ejidatarios comenzaron una lucha legal en contra de la minera por despojo e ilegalidad: los ejidatarios fueron despojados de 236 mil 709 onzas de oro, con un valor equivalente a 436 millones de dólares.
Los ejidatarios han señalado que a lo largo de esos años han tenido que sortear con una serie de obstáculos. Uno de ellos ha sido la dilación de la justicia, por 67 sentencias pendientes de ejecución, y han lidiado con la violencia que ha ejercido la empresa en contra de quienes defienden sus tierras, tal como subrayó Jesús Javier Thomas, representante ejidal de El Bajío, a Once Noticias.
Jesús Javier relató que esa violencia creció con el desalojo, en 2014, pero ha escalado con el tiempo. Las expresiones más recientes se dieron apenas unas semanas atrás.
“Ha sido un cúmulo de amenazas. La más reciente fue el sábado pasado, ya no fue amenaza, fue un intento de asesinato”, dijo.
El 24 de septiembre, un grupo de hombres armados abordaron un vehículo, propiedad del ejidatario, en Caborca, para presuntamente asesinarlo, pero se llevaron una sorpresa al descubrir que la persona que lo manejaba no era Jesús Javier, sino un conocido cercano, por lo que al grito de “ese no es”, decidieron irse.
Jesús cuenta que esa situación se antecede desde el 7 de septiembre cuando viajó de Hermosillo a Puerto Peñasco, con el mismo vehículo en el que fue interceptado su amigo ese 24 de septiembre. Al llegar a Caborca –bastión de la minera– fue detenido por un retén.
Thomas recuerda que fue sólo un momento el que estuvo ahí y luego continúo su trayecto. Al cabo de un rato, lo detuvieron elementos de la Policía Federal de Caminos. Recuerda que bajaron dos policías y uno de ellos lo abordó. De forma cínica, el elemento de seguridad vial le preguntó a qué bando pertenecía en el pleito de El Bajío, “¿son de los buenos o de los malos?”, le dijo.
El policía le respondió que en Caborca hay un operativo para asesinar a Thomas y que ofrecen 30 millones (aunque no explicó el tipo de moneda que ofrecen) y le advirtieron que no debía acercarse al área. “Lo sentí como intimidación”, dijo al medio.
El sábado 24, su amigo llevó la despensa a los ejidatarios que están en resistencia dentro del territorio, en el vehículo de Jesús Thomas. Al pasar la Garita Almejas, sobre una carretera solitaria, a unos 6 km de distancia, su amigo divisó unos conos naranja y unos autos, por lo que pensó que estaban trabajando sobre el camino.
Al llegar a un tope provisional, los autos lo cercaron. Bajaron los cristales y del auto que se ubicó frente a él, para impedir una posible huida, el medio cuerpo de un hombre se asomó con un arma larga y le apuntó al conductor, amigo de Thomas.
Sin embargo, del lado de copiloto, uno de los hombres gritó que no la persona que buscaban. Así, luego de una señal, los hombres armados echaron pie del acelerador y huyeron, para abonar a la imagen de un lugar común sobre una huida en medio del desierto sonorense.
“No era la persona que buscaban, eso sucedió”, dijo Thomas.
Intimidaciones y asesinatos detrás de minera Penmont
A principios de septiembre, El Bajío solicitó a la ONU su intervención en la lucha que sostiene contra Grupo Bal. Antes, en mayo de este año, a través de una protesta que realizaron en Londres ante accionista de Fresnillo PLC solicitaron apoyo de la Embajada de México en Reino Unido con el objetivo de dar a conocer su lucha, pero también de sumar apoyo, para así generar eco ante la problemática.
Jesús Javier enfatizó que la violencia que ejerce el lobby minero si bien no es nueva, ha llevado consigo el asesinato de cuatro personas: Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez –los cuerpos de Raúl y Noemí, ambos pareja, continúan desaparecidos–. Todos y todas miembros de El Ejido.
Acusó que la minera tiene confabulación con autoridades locales y ha utilizado a elementos de seguridad del estado. Además, culpó que también tiene nexos con el crimen organizado.
El ejidatario recordó que ha sido víctima de amenazas y hostigamiento, desde 2013. En alguna ocasión, en ese año, dijo que Samuel Rivera Gutiérrez, en ese entonces Coordinador Estatal de la Policía Preventiva de Sonora, le comentó que se cuidara, porque la minera buscaba girar una orden de aprehensión en su contra.
En este tenor, unos años después, el MP Federal de Caborca le dijo a Thomas que un apoderado de la mina les ofreció 100 mil pesos para incriminarlo de cualquier delito y llevarlo a prisión. Más tarde ocurrió lo mismo con el Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Fiscalía de Sonora, quien le dijo que un apoderado de la minera pedía que lo metieran a prisión.
“A partir de 2018 ya no se ha quedado en amenazas. Ya van cuatro personas asesinadas. Cuando encontramos al compañero Robledo y su esposa, había una cartulina con nuestros nombres. También he recibido correos con los nombres de mis familiares o me envían videos de cuando circulo en la carretera. Hay continuidad de amenazas y el sábado iban a eso. No pasó nada, afortunadamente, pero me temo que [yo] sea esa persona. Tenemos el temor fundado de que la minera me quiere asesinar”, enfatizó.
El ejidatario dijo que por ahora no ha levantado una denuncia dado que desconfía de las autoridades, por la inacción con respecto a la minera y porque acusó que han sido cómplices del Grupo Bal.
La lucha legal que sostienen ejidatarios en contra de minera Penmont no ha sido resuelta. Hay 67 sentencias pendientes a favor de los ejidatarios de El Bajío, por lo que en diversas ocasiones se han manifestado ante el ejecutivo y el Tribunal Agrario, para exigir su ejecución.
En ellas se dictan, entre otras cosas, que la empresa debe devolver al ejido el oro extraído durante la ocupación ilícita de las tierras, el desalojo de las tierras, pago de rentas a ejidatarios y la restitución de las tierras a su estado natural.