Desde la madrugada de este lunes, al menos 90 ejidatarios provenientes de el Ejido El Bajío, ubicado en Sonora, se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, para exigir la resolución de las 67 sentencias que continúan pendientes en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères –dueño de El Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros–. Ejidatarios que salieron de Sonora, hacia Ciudad de México, desde el pasado viernes, se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la resolución por el caso de El Bajío. En entrevista con Once Noticias, Jesús Thomas, representante ejidal, señaló que las sentencias tienen 8 años y no se han ejecutado. En ese lapso de tiempo se han suscitado distintos eventos de extrema violencia, entre los que sobresale el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todas las personas son de El Bajío. El presidente ejidal Jesús Thomas denunció, a Once Noticias, que otras personas del ejido han sido encarceladas injustamente y otras han sido ‘levantadas’ y torturadas.
“La no ejecución es la que nos ha llevado a padecer todo esto. Si el Tribunal [Agrario] hubiera hecho su trabajo ya no estuviéramos padeciendo todo esto. Una vez que dictan las sentencias tienen 90 días para ejecutarlas y en este caso eso no ha ocurrido”, enfatizó Thomas a Once Noticias.Asimismo señalan que prevalece presión por parte de la minera. “Esas avionetas las manda la compañía minera con otros guardias que eran de la Policía Federal y los guardias de la minera. Yo creo que ellos quieren ver si hay menos gente para poder entrar, porque hay rumores de que quieren volver a entrar”, comentó. Santiago, de 49 años, recordó que la primera vez que la minera salió del ejido fue en 2013, aunque luego volvieron en 2017, pero volvieron a sacarlos. En la actualidad resguardan El Bajío, para evitar que vuelva la empresa.
“A ver si nos apoya el gobierno para que las sentencias se ejecuten a nuestro favor, porque no estamos a gusto, han amenazado a nuestros compañeros y pues todo eso es por parte de la minera”, concluyó Santiago.Por otro lado, al conversar sobre los avances en el proceso para destinar 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, a la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), Thomas dijo que han avanzado en el proceso, pero aún continúa en las instancias. Al respecto señaló que la semana pasada, la Comisión Binacional Arizona-Sonora para la Conservación del Berrendo realizó un conteo que anunció que fueron avistados en El Bajío 163 ejemplares de berrendos, mamífero de pezuña más veloz del mundo, que estuvo bajo alerta de extinción en 1998, en el país.
“Eso significa que tenemos la mayor concentración de berrendos. Se explica porque hace 8 años logramos sacar a la minera, eso ha impactado de forma positiva, para que el berrendo vuelva a ser visto. En Pinacate se contabilizaron 85 y en Quitovac 331”, relató el presidente ejidal.Los ejidatarios de El Bajío presentarán también escritos al Senado y al Tribunal Superior Agrario, para solicitar que se ejecuten las sentencias, que se respete al derecho humano de acceso a la justicia, así como el esclarecimiento de los asesinatos. Los ejidatarios, pese al frío de la ciudad, con sus enormes letreros exigen justicia y que la mina no vuelva al desierto. La ocupación de la minera Penmont, en el Ejido se dio en 1991, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998). En 2011, a través de una primera sentencia se determinó que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación. Desde entonces, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.