Luis Echeverría acababa de cumplir 6 años como presidente de México. Entre sus promesas había hablado de una reforma de democratización. Como acto demostrativo liberó la sombra de Tlatelolco 1968; sacó de la cárcel a algunos líderes del movimiento y presos políticos. Poco duró la utopía democrática.
El movimiento del 2 de octubre de 1968 fue en defensa de las libertades y resultó en un trauma político, cultural y social que se tradujo en un menosprecio al Gobierno, pero también en distorsión”, contó el catedrático y miembro del movimiento estudiantil, Joel Ortega.
“Pasados tres años, llegó el 10 de junio, Jueves de Corpus. A diferencia de casi 70 países que en todo el mundo se movilizaron, México no se quedó callado. Fue el primero en volver a levantar la voz. El movimiento estudiantil estaba, otra vez, en las calles”, explicó Ortega.
El escritor de, entre otros libros, Libertad de manifestación: conquista del movimiento del 10 de junio de 19710. Testimonios de un hecho histórico agregó que en el movimiento, que este año cumple medio siglo, tuvo tres ejes: “el sector que venía del 68 en desacuerdo con las políticas de Echeverría; ése fue el corazón de la marcha. Un segundo frente fue la unión obrero-estudiantil; incluso ésa era la consigna. La tercera fue la solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León: el presidente de la República en aquel entonces fue muy hábil: días antes del 10 de junio, destituyó al gobernador de aquella entidad, Eduardo Elizondo, y quitó la ley fascista que había impuesto: aprobó una similar a la de la UNAM”.
El momento
La matanza del 10 de junio de 1971 no se puede entender sin el denominado “halconazo”. El término alude a un grupo paramilitar conocido como los Halcones, vestidos con ropas de civil. Iban en camiones de color gris, la mayoría de ellos, armados con palos de kendo, bats y varas bambú, esa fue su artillería para golpear a los estudiantes. Este grupo de choque fue entrenado por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación, y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
La marcha partió del Casco de Santo Tomás, en Ciudad de México. Desde allí avanzaría por la avenida México-Tacuba, con dirección al Palacio Nacional, sin embargo, un bloque de policías y granaderos intervino la avenida de los Maestros, cercando el paso de los estudiantes. En las avenidas San Cosme y Melchor Ocampo llegaron tanques y camiones que transportaban contingente policiaco. Los Halcones llevaban pancartas sumadas a la manifestación. Se confundían entre la multitud.
“Había candor. Hasta que llegaron los Halcones. Fue una ofensiva que duró minutos, quizás segundos. De inmediato arrancaron los disparos con armas de alto poder. El Gobierno dijo que había sido un enfrentamiento entre estudiantes, además de una conjura de los emisarios del pasado. Luis Echeverría hizo un gran mitin en el Zócalo. Afirmó que destituiría a Alfonso Martínez Domínguez, regente en aquel momento del entonces Distrito Federal, después lo premió haciéndolo gobernador de Nuevo León. Prometió una investigación que seguimos esperando”, explica Joel Ortega, quien documentó haber investigado en la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado, junto con Eduardo “El Búho” Valle, otro líder estudiantil, la muerte de 44 personas durante aquel suceso.
“Un horror en una manifestación pacífica”, cuenta Ortega.
El ahora
El exmilitante de Juventud Comunista Mexicana, cofundador de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, y miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, asegura que hubo un antes y un después en el Jueves de Corpus de 1971.
A partir de entonces, el movimiento se empezó a comprender como una necesaria suma de trabajadores y la defensa de sus derechos. Pero también se entendió que no quedaba más que la lucha armada. Así surgieron los movimientos armados en todo el país. Conformados por más de 9 mil jóvenes. Una verdadera carnicería del Estado contra ellos”, manifestó el exlíder estudiantil.
“Se trató de un movimiento con germen contra el Gobierno, pero legítimo. Estaban demandando mayores espacios de participación y respeto por los derechos. Los jóvenes eran solidarios y colaborativos. Eso mostró que era un acto auténtico y genuino, así es como debió verse. No contaminado con otros intereses”, explica la doctora Eva Leticia Orduña, investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, especialista en justicia transicional, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
El testimonio, la interpretación del presente, y los aprendizajes que deja a contraluz Joel Ortega, van más allá de una aportación viva. Se convierten en una obligación sobre cómo entender el 10 de junio de 1971.
La marcha del Jueves de Corpus estaba contra la vulgarización de la decadencia política. En defensa de una lucha política real. Definitivamente en años posteriores, y hasta el momento, hay efectos de aquel movimiento. Después vinieron los sindicatos, luchas de sectores campesinos. Se fue creando una presión para romper con el monopolio político electoral del PRI que estalló en 1988. Tanto así, que se empezaron a ver luces con la creación, en 1990, del Instituto Federal Electoral”, concluye el analista político.
Tareas pendientes
La académica Eva Leticia Orduña asegura que el Jueves de Corpus de 1971 ha tenido efectos con impacto internacional en términos de derechos humanos.
“Se ha venido dando mayor protección de los derechos en diferentes países, incluido el nuestro. Han ido creándose mecanismos de concientización y sensibilización. Pero también se debe reconocer dos tendencias en el establecimiento de derechos humanos: por un lado, está el reconocimiento que fomenta una tendencia de protección de derechos humanos cada vez más fuerte. En contraparte, está la profundización e intensificación de la violación de tales derechos, esa es la nueva naturaleza que están teniendo los movimientos sociales. Por un lado, se reconocen y comprometen a proteger y garantizar. Por el otro los violan de una manera creciente”, afirmó Eva Leticia Orduña.
“Últimamente se ha visto a actores diferenciados como el crimen organizado, que no son propiamente del Estado; en muchas situaciones encriptados. Pero el Estado tiene el deber de prevención y obligación. Eso está asentado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es responsabilidad del Estado vigilar, o bien, atribuir responsabilidades y sancionarlas, porque también es su obligación haberlos prevenido. Aunque en muy pocas ocasiones sucede”, agrega la investigadora.
Los movimientos de 1968 y 1971 son hechos que marcaron nuevos caminos para la vida social, política, democrática y hasta moral de los mexicanos. Es tarea de todos contemplarlos como un presente continuo para no repetir en el “futuro-presente”.
No hay que olvidar que el 10 de junio de 1971 fue una demostración de colaboración, solidaridad y unión entre movimientos que no buscaban su propio beneficio, sino el social. De ese acontecimiento se rescata el espíritu por buscar mejorías para los más desfavorecidos”, agrega la académica Eva Leticia Orduña.
“Se habla de 1968 y de 1971 como hechos de represión, pero poco de lo que se consiguió. La represión consiguió su objetivo”, puntualiza Joel Ortega.