En la madrugada del 8 de septiembre, Mara Castilla contrató un servicio de Cabify, para regresar a su casa, luego de haber acudido con un grupo de amigos a un bar en Cholula. La mujer avisó a su hermana Karen, sin embargo, Mara no llegó a casa por lo que se denunció a las autoridades. Durante la investigación se encontró que Mara no descendió del auto, por lo que se apuntó como principal sospechoso al conductor de Cabify, Ricardo Alexis ‘N’.
Cuatro días más tarde el conductor fue detenido como presunto responsable por la desaparición de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). El 15 de septiembre el cuerpo de Mara Castilla fue hallado en un paraje, en la autopista México-Puebla, y presentaba signos de violencia sexual. Desde entonces se inició un largo proceso penal.
El día de ayer, Ricardo Alexis ‘N’ fue declarado culpable por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda (19 años), cometido el 8 de septiembre de 2017 en Puebla. A más de tres años del suceso el Tribunal Colegiado del Enjuiciamiento de la entidad declaró culpable al imputado. El próximo 12 de abril se programó la audiencia de individualización de la sentencia.
Algunos impactos y efectos
Este acontecimiento detonó que el gobierno local retiró el permiso de operación a Cabify, y se impulsó una reforma a la Ley de Transporte y Movilidad de la entidad. A escasos meses del asesinato de la estudiante, Cabify volvió a operar en Puebla, bajo las nuevas medidas implementadas por la Ley de Transporte.
Algunas adiciones de la reforma impulsada, para el servicio ejecutivo (servicio de transporte por plataformas virtuales como Uber, Cabify o DIDI), fueron las siguientes:
- Los conductores de estas aplicaciones contaran, adicionalmente de su licencia particular, con licencias para transporte mercantil –esto implica someterse a exámenes psicológicos, psicométricos y toxicológicos, e investigación socioeconómica.
- Transparencia del padrón de conductores.
- Acreditar que se encuentren capacitados en materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos.
- Constancia de no antecedentes penales que se deberá actualizar cada semestre.
- En la reforma del 2017 se implementó el pago electrónico. En el 2019, se buscó que la contraprestación del servicio ejecutivo se hiciera conforme al sistema de pago nacional (en efectivo o electrónico), sin embargo, en la ley no se exige como única forma de pago.
“Gracias a las movilizaciones, el descontento social, por el caso de Mara, fue posible voltear a ver los feminicidios en Puebla”
Desde el 2015, un par de años antes del feminicidio de Mara, organizaciones civiles pidieron se declarara Alerta por Violencia de Género por feminicidio para la entidad, sin embargo fue rechazada por Gobernación. Fue hasta el 8 de abril de 2019 que fue emitida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla. Dicha declaratoria fue para 50 municipios de la entidad, en la que se incluyeron 45 medidas de prevención, seguridad y justicia, según lo informó el Gobierno de Puebla (2019).
Según datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Puebla (OVSG-P) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ las cifras con respecto a feminicidios difieren de las que ofrecen las instituciones gubernamentales, por ejemplo, del 2015 al 2017, la Fiscalía del Estado registró 115 feminicidios, mientras que el OVSG-P registró 244 feminicidios en la entidad. En el mismo período la fiscalía presentó 228 homicidios dolosos contra mujeres. Del 2012 al 2017, se imputaron 12 sentencias condenatorias por delitos de feminicidio, según el informe del Observatorio.
Sin embargo, desde el 2017 Puebla ya se posicionaba entre los primero lugares a nivel nacional por estos delitos. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2020, Puebla ocupó el sexto lugar a nivel nacional por feminicidios. Según los datos, hasta febrero del 2021, a nivel nacional, Puebla ocupa el sexto lugar en delitos de violación. Puebla, Tecamachalco y Tepeaca, son los municipios que tienen más cifras de presuntos feminicidios.
Cabe destacar que el caso de Mara detonó que se pusiera atención sobre los feminicidios en la entidad, debido al impactó que se generó en redes sociales y medios de comunicación. Al respecto, la Dra. Nacori López Hernández (Investigadora de El Colegio de Tamaulipas) señaló que son varias las aristas que detonó el caso de Mara Castilla:
Por un lado, el impacto que hubo por el caso de Mara permitieron, una vez más, develar el papel que tiene las movilizaciones sociales para visibilizar estos delitos, principalmente el feminicidio. Esa presión fue muy importante. El caso de Mara o el de Leslie, un año después, tuvieron repercusiones jurídicas importantes. Sin embargo, esto también se enmarca en el fortalecimiento que han tenido los movimientos feministas, porque se ha abierto un campo para confrontar al Estado. Además, se ha impulsado la agenda desde abajo, en la lucha por las mujeres y su acceso a la justicia.
Otra arista que reconoció la especialista fue que las movilizaciones y el caso de Mara, implicó que se volteara a ver a este tipo de transporte:
Es importante, porque en ninguna otra entidad se hizo una reforma (Ley de Transporte) como la que se hizo en Puebla. El impacto fue local, sin embargo, nos hizo voltear a ver las condiciones bajo las que operan estas plataformas que suelen utilizar publicidad engañosa. Además, se mezclan con otros intereses, por ejemplo, sabemos que otra arista es el estatus de las personas que trabajan con estas aplicaciones, es decir, no son trabajadores sino asociados. Este lenguaje esconde irregularidades.”
La investigadora, no obstante, enfatizó en que esto se enmarca en un contexto generalizado de vulneración a las mujeres:
Los feminicidios han ido incrementando, lo cual es preocupante, porque persiste, por un lado, la impunidad y también una cultura misógina y machista que se expresa en la violencia institucional. En términos institucionales vemos que siguen sin haber mecanismos de protección a las mujeres. Estos patrones se repiten constantemente, lo vemos en las cifras de Puebla o Chihuahua.”
Esto último es de suma importancia ya que en lo que respecta a Puebla existen divergencias en las cifras con respecto a las violencias perpetradas hacia las mujeres, además de la persistencia de los discursos de las instituciones para obstaculizar el acceso a la justicia, lo que resulta en una continuidad de la violencia institucional. La especialista finalizó argumentando que el caso de Mara brinda un modelo analítico de una situación generalizada:
Es un engranaje de estas demandas que son legítimas para todas las mujeres en búsqueda de justicia.”