Nacional

El Ejército seguirá en las calles hasta 2028

Con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que extiende la permanencia de Fuerzas federales en tareas de seguridad.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto devuelto por el Senado para extender de 2024 a 2028 la permanencia del Ejército y la Marina en seguridad pública.

“Aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto transitorio del decreto que derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación 26 de marzo del año 2019’’, aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

Con la votación de los partidos Morena y aliados del PT, PVEM, así como con el apoyo de algunos diputados del PRI y del PRD, se aprobó el dictamen que permitirá la estancia en las calles del Ejército y la Marina en labores de apoyo a la Guardia Nacional y a las policías estatales y municipales, en temas de seguridad.

“Permitieron que el narco escalara a tal nivel que comenzó a niveles al por mayor consolidó prácticas nunca antes vistas y eso se lo debemos a su flamante secretario de Seguridad García Luna’’, aseguró el diputado Benjamín Robles Montoya, diputado del PT.

Por su parte, el diputado del PVEM, Gabriel Escobedo Muñoz, dijo que el combate a la criminalidad y la salvaguarda de la integridad de los derechos de la salvaguarda de las personas es el único objetivo que nos permite preservar el orden y la paz.

La presencia del Ejército y la Marina permanecerá hasta el 2028 en apoyo a las tareas de seguridad pública y en la lucha contra el crimen organizado con la aprobación a la reforma del Artículo Quinto Transitorio Constitucional, mientras concluye el tiempo de profesionalización de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales

El documento se aprobó como lo envió el Senado de la República y que modificó en su totalidad la propuesta de la diputada priista, Yolanda de la Torre, por haber presentado la iniciativa que se aprobó.

Creo que hay un consenso común, el tema de la seguridad pública, el tema de alcanzar la paz va mucho más allá de la ampliación del plazo de las fuerzas armadas en los territorios de nuestras comunidades’’, comentó la diputada por el PRI, Laura Lorena Haro Ramírez.

En tanto, la diputada por el PRD, Elizabeth Pérez Valdéz, dijo que “defenderemos las causas del ente porque eso es lo que hacen los verdaderos legisladores y legisladoras de nuestro país y aquí vamos a estar hasta que vivir libres, seguros, seguras’’.

Por su parte, Movimiento Ciudadano, denunció que Morena prometió paz y el PRI prometió ser contrapeso y que está en juego la posibilidad de que México inicie un camino de paz y justicia o siga una estrategia fallida.

 “La vulneración a la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente ha confirmado que es una estrategia fallida, sino que el enfoque con el que se enfrenta el crimen. la impunidad, la violencia está condenado al fracaso’’, afirmó el diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Modificaciones

Entre las modificaciones del dictamen está que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el Artículo 21 de la Constitución.

En ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de Gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidade.

El Ejecutivo Federal presentará en el Congreso de la Unión informe semestral sobre la disposición del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, así como debe corroborar el respeto a los derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.

También estipula que, en un plazo de 60 días, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, y hasta 2028, se integrará una Comisión Bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.

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