Once Noticias habló con el Antonio Lara, coordinador de Zeferino Ladrillero, un centro de derechos humanos encargado de defender a personas que sufrieron abusos de autoridad y privadas de su libertad de manera injusta.
En entrevista, Lara explicó el caso de los 173 jóvenes que fueron recluidos por participar en un concierto musical sin más crimen que montar una motocicleta. Los jóvenes fueron acusados de “ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares”, delitos que usualmente se les imputan a los activistas sociales y no los fans de algún artista.
En sí, los delitos por los que se les acusa, incluso al agravante de pandillerismo, no son delitos de prisión preventiva oficiosa. Eso en el fondo se llama discriminación estructural. Por motivos de edad o categoría social una persona pueda ser sospechosa,” detenida y aislada de sus derechos, comentó Lara.
Pareciera que en México, la prisión preventiva oficiosa es la excepción para el criterio internacional de la presunción de inocencia. Según este criterio toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Sin embargo en nuestro país se presenta una contradicción de inconvencionalidad en la propia Constitución, que da el poder a los jueces de no poner a discusión que se mantengan en la cárcel. Es decir, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso fue lo que pasó a los 173 jóvenes detenidos el 5 de marzo en la Ciudad de México.
El agravante de pandillerismo lo ponen para que esta inconvenionalidad surta efecto en los jóvenes, pues se argumentan que tienen poder de convocatoria y eso pone en peligro a la sociedad, a los testigos o [la pandilla] los puede sustraer de la acción de la justicia” explicó el abogado.
El delito de los ataques a las vías de comunicación también tiene detenida a Kenia Hernández, una activista guerrerense que ha liberado las casetas de cobro como protesta en diferentes partes del país y ha sido perseguida por sus luchas ecologistas y con perspectivas de género.
Tras la represión del 1 de diciembre del 2012 donde acusaron a mucha gente de “ataques a la paz pública”, este delito fue declarado inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el delito de ataques a las vías de comunicación está íntimamente ligado, ya que va en contra de cualquiera que utilice el espacio público.
Por eso me recuerda mucho el 1 de diciembre [del 2012], porque al igual hubo orden directriz categórica. En este caso que fue, todo aquel en esta área y esté en moto es culpable, deténganlo”, explicó el abogado.
Esas acciones muestran una persecución a la manifestación pública con matices culturales y musicales, pero intima a la libertad de expresión y de protesta a la que todo ser humano tiene derecho.
“Hay una actitud del Estado mexicano y sus diversas autoridades, de criminalizar la juventud. Entre más joven seas, es más factible que seas un delincuente y que tus expresiones sean contrarias al estatus promedio de la sociedad.
La persecución contra jóvenes motociclistas y aficionados al rap habla de la discriminación estructural que enfrentan los barrios populares ante las autoridades mexicanas que hostigan a las poblaciones más vulnerables, criminalizando sus gustos y expresiones culturales con años de cárcel.