El
Estado tiene una deuda enorme con
todas nosotras, de acuerdo con
Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque de ácido que sucedió en febrero de 2014 a manos de su expareja
Efrén “N”. Y la deuda no sólo es por la impartición de
justicia, sino por el
impacto económico que tienen estos ataques que trastocan por completo la vida de las mujeres.
“Son millones de pesos lo que esta violencia nos cuesta. Una cirugía puede costar de 100 mil hasta 600 mil pesos, y yo llevo 64 cirugías”, dijo en entrevista con Once Noticias. También explicó que los tratamientos dermatológicos adicionales que ha requerido son mensuales.
En su caso, desde hace cinco años la
clínica dermatológica de la doctora Isela Méndez la ha atendido de manera gratuita, pero ha tenido un costo absorbido por ella de cerca de un millón de pesos.
“Eso, sin contar las terapias de rehabilitación física, las terapias psicólogas, los medicamentos especializados y el tiempo que he dejado de percibir ingresos por acudir a citas en la fiscalía y consultas médicas. Yo toda la vida voy a lidiar con las secuelas que me dejó el intento de feminicidio con ácido. Por lo menos durante 40 años más”, aseveró.
Para
Carmen Sánchez, sin esas redes de apoyo y solidaridad con otras mujeres, no sería capaz sobrevivir física, mental ni emocionalmente a un tipo de violencia tan letal como
los ataques de ácido, de los cuales no existen cifras oficiales por parte de la
Secretaría de Salud ni del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Once Noticias consultó a
Inegi para acceder a cifras oficiales, y desde su departamento de Comunicación Social, informaron que los ataques de ácido son información desagregada en un nivel muy específico que no se tiene.
La única información disponible es la contenida en la
Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Asimismo, se buscó al Instituto Mexicano de Seguridad Social (
IMSS), pero no accedieron a una entrevista.
A través de una solicitud de información de transparencia,
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que de acuerdo con la Base de Datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), de 2012 a 2023, se encontraron
797 casos en los que de la narración de los hechos por parte mujeres víctimas que fueron
agredidas o amenazadas con causarles daño con ácido o algún químico similar como gasolina.
Y el problema con que no existan cifras oficiales, es que precisamente el Estado no sabe cuántos ni qué tipo de recursos destinar a la atención especializada de este tipo de violencia, según respondió Mariana Camacho, project manager de una farmacéutica internacional.
“El problema es que los hospitales o el sistema de salud no implementa un protocolo especializado para tratar estos casos porque ni siquiera tienen un registro de que esto sea necesario”, concluyó.
¿Qué pasa cuando una mujer no tiene los recursos económicos para tratar un ataque de ácido?
De acuerdo con
Carmen Sánchez, el efecto del ácido es tan letal que puede ocasionar la muerte de una mujer en el momento del ataque o en los meses y años posteriores debido a las secuelas físicas, emocionales, económicas y su proyecto de vida.
“Entonces, todas estamos en riesgo de perder la vida en cualquier momento. No contar con servicios de salud gratuita, integrales y de calidad, profundiza el grado de vulnerabilidad en la que ya nos encontramos.
“
El número de tratamientos médicos, psicológicos y de servicios sociales, por ejemplo, no están directamente relacionados con los daños y afectaciones sufridas. Que yo lleve 64 cirugías y Esmeralda Millán (sobreviviente de un ataque de ácido) 16, no significa que Esme esté mejor que yo, más bien Esme no ha podido acceder a todos estos tratamientos”, afirmó.
Es por eso que surgió la
fundación Carmen Sánchez, que desde enero de 2021, busca alianzas con el sector privado para atender a adolescentes y mujeres de manera gratuita y con protocolos especializados en violencia química. Es la primera asociación civil en México que atiende a mujeres no sólo con la parte médica, sino también con ayuda profesional psicológica y legal.
En entrevista con
Once Noticias, Ximena Canseco, cofundadora de la fundación Carmen Sánchez, asegura que uno de los ángulos en que se enfocan es la inclusión educativa o laboral, pues con estos ataques la vida de las mujeres deja de existir como la conocían y en la mayoría de los casos pierden sus empleos, que suelen ser sus únicas fuentes de ingresos.
“Los efectos de la violencia en la vida de las mujeres son irreparables en todos los aspectos: social, económico y en la recuperación de su vida. Viven síntomas de estrés postraumático, rechazo social y sobre todo discriminación laboral”, dijo.
Como no existen cifras oficiales, los únicos datos disponibles son aquellos que recaban organizaciones como ésta. Es así que se ha delineado un perfil de las mujeres más vulnerables ante estos ataques: mujeres pobres y racializadas, que suelen vivir en las periferias que rodean a los grandes centros urbanos, de entre 18 y 25 años, con estudios sin terminar y con hijes.
A decir de Ximena, todas pierden el empleo después del ataque. Señala que al inicio estas mujeres dependen de apoyos solidarios de otras personas y de sus familias ante la ausencia de un sistema de cuidados nacional.
“La mayoría de las mujeres jóvenes son atacadas aún en su edad reproductiva, pero con esos ataques, su esperanza de vida se reduce de 80 a 40 años. Y aunque sobrevivan, si te atacan a los 22 al menos 58 años va a tener que lidiar con las consecuencias económicas de eso como tratamientos, pero también manutención y más si tienes hijos”, dijo.
Volver a trabajar es muy difícil por el trauma psicológico, pues de acuerdo con Ximena, se les dificulta entablar un diálogo, desconfían, además del rechazo social que provoca incomodidad en ellas.
Por eso es necesario pensar en esquemas laborales y empleos que otorguen licencias y permiso para que las mujeres que fueron víctimas de ataques de ácido puedan acudir a citas médicas o legales para seguimiento jurídico sin represalias como descuentos a su salario. Asimismo, es necesario crear políticas públicas que contemplen la atención a mujeres que no sean derechohabientes, pues al estar en una situación previa marginalizada, es seguro que se desenvolvían en el ámbito informal sin tener acceso a protección social.
De hecho, en 2021, la
Cámara de Senadores aprobó un dictamen para solicitar a la Secretaría de Salud que brinde atención médica, tratamientos estéticos, reconstructivos y psicológicos gratuitos, a las víctimas de este tipo de ataques en lugares cercanos a su residencia. Pero no se ha tenido más avance que ése desde entonces.
