El movimiento feminista es una revolución cultural y un ejercicio de derechos humanos. Han sido muchos años de lucha para establecer la protección de sus derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No la nombraban. No medían la desigualdad. Los datos estadísticos no la visibilizaban. No consideraban su condición debida al género, ni las desigualdades que habían atravesado su llegada al mundo, ni su vulnerabilidad: la pobreza, la discapacidad, la etnia, la edad, el territorio… y que la colocarían en una clara situación de desventaja.
El pasado 12 de enero de 2001 se firmó el decreto de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la institución más importante para la defensa e impulso de los derechos de mujeres y niñas del Estado mexicano.
En 2002 se dieron avances legislativos en materia de igualdad, la Ley de Planeación le dice al Estado mexicano que se debe considerar el enfoque de la igualdad desde una perspectiva transversal, es decir, todos los programas de gobierno deberán construirse con una visión de género, tal y como lo había establecido la Plataforma de Acción de Beijing en 1995.
Existe la Ley de igualdad que regula al Estado para el avance de la igualdad sustantiva y otra ley más que velará por su derecho a vivir una vida libre de violencia.
En 2012 se realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo 1° Constitucional incorporó estándares de defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres.
En 2019 se logró la Ley de Paridad en todo, que daría lugar en 2021, al primer congreso paritario en México, uno de los primeros del mundo.
El movimiento feminista ha logrado victorias fundamentales como “el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos”.
¿Qué es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)?
Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.
Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano informó que al corte del pasado 25 de febrero, se tienen declaradas 25 AVGM en 22 entidades federativas.
“Estas 25 alertas inciden particularmente en 642 municipios del país, lo que significa que uno de cada cuatro municipios de México están obligados a implementar acciones encaminadas a mejorar sus capacidades institucionales en la materia. Cabe destacar que desde 2015 a la fecha se han emitido 578 medidas relacionadas con las áreas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, que deben seguir las autoridades locales”, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim.
Agregó que, entre los principales avances derivados de estas alertas, se encuentran la creación de nueve fiscalías especializadas sobre trata de personas y feminicidio en Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
Indicó que el comportamiento de los homicidios dolosos y feminicidios cerró en 2021 con una cifra a la baja al presentarse 20 casos menos en 2021, a diferencia de 2020. Y puntualizó que en enero de 2022 se reafirmó la tendencia a la baja, con 21 casos menos durante el mes pasado, comparado con enero de 2021.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementa acciones para atender el acoso y el hostigamiento sexual que viven las mujeres en 525 instituciones de Educación Superior (IES) en el país.
Del diagnóstico sobre el estado actual de los mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexuales se informó que de las 525 IES que participaron, 19% no cuenta con un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexuales, mientras que 23% se encuentra elaborando una propuesta de pronunciamiento.
Además, 69% de las IES cuenta con una Unidad de Igualdad de Género o área homóloga responsable de dar seguimiento a la política pública en materia de igualdad de género, y 59.6% tiene un mecanismo de seguimiento de resolución de casos de hostigamiento y acoso sexuales, aplicable para toda la comunidad educativa.
La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, manifestó que el hostigamiento y acoso que afecta a muchas niñas y mujeres son un obstáculo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y democrática.
“En el Conacyt se han emprendido iniciativas de investigación e incidencia con enfoque humanístico, que se llevan a cabo desde el Programa Nacional Estratégico de Seguridad Humana, así como cambios en los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y becas Conacyt que escuchan la voz y el sentir de las mujeres que viven problemas de acoso y hostigamiento sexual. Además, enfatizó la implementación de políticas institucionales de cero tolerancia que priorizan la carga de prueba en las y los victimarios y no, como ocurría en el pasado, en las víctimas”, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del CONACYT.
“Actualmente nuestro país cuenta con un marco legal para la defensa de los derechos de la mujer y que le confiere la Constitución, que buscan promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en condiciones de igualdad en la vida política, cultural, económica y social del país”, dijo Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, detalló que el año pasado se presentó incremento en carpetas de investigación en materia de acoso, hostigamiento sexual —simple y equiparada — de 21% a nivel nacional; “si bien en estos dos primeros meses se registra un ligero descenso, lo cierto es que estamos enfrentado un problema de carácter estructural”.
“Este problema tiene que ver no solamente con las condiciones de seguridad o de inseguridad, y de violencia que vivimos cotidianamente, sino que tenemos un fenómeno de comportamiento cultural en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras familias que llevó a que la violencia se nos metiera en los hogares, en las escuelas, se metiera a los centros de trabajo. Y que necesitamos hacer un esfuerzo, no solamente el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, sino de toda la sociedad para revertir esta situación”, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que la FGJCDMX mejora día a día sus capacidades de investigación, con el objetivo de que ningún delito contra las mujeres y niñas quede impune, lo que significa brindar certeza de que se detendrá y se llevará ante la justicia a las personas que ejerzan violencia de género.
“La erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas es un asunto de Estado, que requiere de la participación activa de todas las instituciones, pero también de la sociedad, a la que se exhorta a no callarse frente a este tipo de violencia; alzar la voz y denunciar”, Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de Justicia de la CDMX
Es primordial continuar impulsando políticas públicas desde los espacios comunitarios, de construir la narrativa sobre la violencia y comenzar a crear otros imaginarios sociales.