María Elena Ríos Ortiz, saxofonista, activista oaxaqueña y sobreviviente a tentativa de feminicidio –cuando fue atacada con ácido órdenes del exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, en 2019– se pronunció ante la respuesta de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, por suspender sus tratamientos médicos y quirúrgicos luego de visibilizar los feminicidios y evidenciar a Ivette Morán de Murat por el plagio de textiles de comunidades indígenas de la región.
A través de su cuenta de twitter, la activista se pronunció en contra de la violencia que ejerce el gobernador sobre ella.
Y es que la saxofonista dijo que Murat le envío a dos abogadas para informar que “los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley, quedan terminados”, expresó en tweet.
Tal decisión, señala Ríos, responde a una campaña de represalias en su contra, por buscar justicia para su caso, que hasta ahora prevalece impune.
Cuando María Elena Ríos tenía 26 años, el 9 de septiembre de 2019, fue víctima de un ataque con ácido. Su cara, cuello, brazos y piernas quedaron con quemaduras de segundo grado.
Hasta ahora hay cuatro personas detenidas, pero Antonio Vera Hernández, autor intelectual de este delito, permanece libre y prófugo, por lo que Ríos ha exigido que se gire orden de aprehensión en su contra, algo que no ha ocurrido a 3 años del ataque que sufrió.
Desde entonces, Elena Ríos ha buscado justicia.
María Elena afirma que la represalia también responde a su activismo y a las recientes denuncias que hizo por los feminicidios en la entidad y el plagio de textiles por parte de Ivette Murat en su marca Moravy:
“Por evidenciar los más de 675 feminicidios de su administración, eso sin contar a las mujeres oaxaqueñas que se encuentran en calidad de homicidio, desaparecidas, de accidentes y sobrevivientes y las que por sus usos y costumbres no se les permite denunciar”, señaló en un video en la plataforma de YouTube.
Y es que el pasado 27 de julio, durante la Guelaguetza, Elena Ríos extendió una manta durante la presentación de uno de los espectáculos musicales. En la manta se leía el mensaje de “Oaxaca feminicida”. Al cabo de unos minutos elementos de seguridad acudieron para retirarla del recinto, aunque Ríos denunció que fue víctima de represión policial y se le negó el reingreso.
Agregó que:
“Por evidenciar a través del activismo, el plagio y robo de textiles de su esposa Ivette Murat a las comunidades oaxaqueñas, para revenderlas con su marca […], promocionada con recursos públicos, para atraer el Fashion Week del Mercedes Benz en Oaxaca, ahora el gobernador me castiga y me quita estos apoyos, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley General de Víctimas tengo derecho y que ahora no quiere cumplir”.
Y es que tal denuncia se enmarca en lo que pasó el 20 de agosto, cuando artesanas oaxaqueñas se manifestaron en la entidad en contra de la marca de ropa de Ivette Murat, por la apropiación de diseños, ya que la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Oaxaca presentó la colección de Moravy durante el Mercedes-Benz Fashion Week, en Oaxaca.
Ríos señala que el gobernador no ha querido cumplir con la recomendación 28/22 de la CNDH, para atender y por suspender las necesidades médicas de la saxofonista, “sus actos intimidatorios pretenden criminalizarme y me torturan puesto que impide acceso a mi derecho a tener atención médica adecuada […] pide se justifiquen los apoyos que me ha brindado cuando Alejandro, tú sabes que, mes con mes se te han enviado a través de tus intermediarios, Arturo Enríquez y Enrique Madrigal”.
Ríos recordó que Murat incumple lo expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dado que el pasado 4 de marzo emitió una recomendación al Murat Hinojosa y al fiscal Arturo Peimbert Calvo por “violencia institucional y vulnerar el acceso a la justicia de una mujer que fue agredida con ácido, en Huajuapan de León”.
La CNDH consideró que se vulneró la obligación de atender, investigar y sancionar la violencia ejercida contra las mujeres, por parte de al menos 17 personas servidoras públicas del gobierno local y de la Fiscalía General del Estado.
Además, denunció que el gobernador ha dicho que a su familia le otorgaron 2 millones de pesos, pero esa cantidad no coincide con el informe que rindieron ante CNDH, apenas el 24 de junio. “tengo el respaldo de cada pago que se ha hecho”, dijo.
Ante tal situación, la saxofonista responsabilizó a Alejandro Murat Hinojosa y familia, Juan Antonio Vera Carrizal y Familia y sus cercanos de cualquier situación que le pueda suceder a ella, a su familia o a su abogada.
“Mi búsqueda de justicia es legítima, no es negociable y no pretendo ningún cargo público, lo único que pido es justicia”, concluyó.