Este 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1996, para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia.
La Asamblea General de ese organismo internacional, en su resolución A/RES/51/95, pide ese mismo año a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que siga coordinando las medidas de apoyo a la promoción y la educación en materia de tolerancia en asociación con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
Asimismo, solicita que cada dos años presente un informe a la Asamblea General sobre la aplicación de la Declaración de Principios y el Plan de Acción de Seguimiento.
Un año antes de la mencionada resolución, los países miembros de la Unesco adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que sostiene que ésta no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos.
Educación e institución que promueve tolerancia en México
En ocasión de esta fecha, abordaremos el tema de la tolerancia desde dos enfoques: educación para la no discriminación en México e institución encargada de promover tolerancia y no discriminación.
En entrevista con Once Noticias, María Teresa Reyes Ruíz, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que, en primer lugar, la discriminación es el acto o la conducta de limitar las oportunidades de los individuos y asumir una actitud de desprecio ante otros, en razón de un perjuicio o de un estigma social para coartar derechos fundamentales de las personas.
“La educación que hoy imparte el Estado mexicano tiene como principio fundamental formar a los niños adolescentes y jóvenes en el fortalecimiento de la convivencia democrática e intercultural”, dijo la especialista.
La académica resalta que en la sociedad actual, compuesta por diversos grupos sociales, se hace necesario educar a los individuos en el marco de una cultura ciudadana que es una aspiración de los individuos de las naciones democráticas de nuestro mundo contemporáneo.
“Aquí, la base de estas relaciones de convivencia son el respeto, por la diferencia, la inclusión de la diversidad y la tolerancia ante la divergencia”, apunta.
Remarca que, hace falta la educación para la ciudadanía, para disminuir la discriminación no sólo en el ámbito educativo, sino en el conjunto de lo socialmente aprendido, ya que la discriminación es un fenómeno construido culturalmente y como tal, es factible de transformarse.
Reconoce que, aunque en las primeras décadas del presente siglo, hay avances para disminuirla a través de un lenguaje inclusivo, la atención a estudiantes con barreras de aprendizaje, el reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural, la adaptación de espacios públicos para personas con discapacidad y espacios libres de violencia, la discriminación como fenómeno social, aún se ve reflejada en forma cotidiana cuando se vulneran los derechos de las personas.
“Un ejemplo de ello es lo que se dio durante la pandemia, que reveló que inicialmente 56.4% de los hogares contaba con Internet y, que en el ámbito rural, sólo 23.4% (lo tenía). Esta heterogeneidad de los niveles de acceso que enfrentan mayores desventajas, hicieron visibles la desigualdad y con ello el deterioro en el ejercicio de los derechos de los grupos rurales”, mencionó.
Reyes Ruíz asegura que esa discrepancia no sólo se dio en el servicio de Internet, sino a la educación virtual que, en ese momento, había en la escuela y que no escapa a esa realidad.
“Es importante fomentar acciones y políticas públicas sistemáticas para erradicar la discriminación”, recalca.
Explica que, en este punto, es por eso que, en nuestro país desde el 2001, se realizó la reforma al Artículo 1o. de la Constitución Política y, en el 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo cual dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mismo que se rige por una reglamentación que pone a nuestro país a la vanguardia en materia jurídica.
“(…) se sustentan las bases para la lucha contra la discriminación; pero eso es una parte del proceso; requerimos acciones como generar una cultura democrática que se sustenta en una educación ciudadana”, comentó la especialista de la UNAM.
Dicha educación está relacionada con la formación de los individuos para el ejercicio de vivir en la sociedad y de la convivencia social como ciudadanos conscientes de derechos y obligaciones en el ejercicio del ámbito democrático, sostiene.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
Este órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio del mismo año, es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.
Igualmente, se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
De tal forma que, desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad.