En México, de las más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas que se registran de manera oficial, más de mil 800 personas son migrantes de 55 nacionalidades, de acuerdo con un informe de Fundación para la Justicia, el Bloque Latinoamericano sobre Migración y el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro).
Según las organizaciones el fenómeno de las desapariciones se extiende a las personas que transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, y cuyo registro tuvo un aumento anual de 43% en el número de personas en situación irregular, en 2022, cuando detectó 444 mil 439.
Con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, las organizaciones señalaron que uno de cada cuatro migrantes que desaparecen en México son menores de edad: 27 son bebés menores de 3 años, 59 son niñas y niñas de cuatro a doce años, y 354 adolescentes.
Por su parte, el Proyecto Frontera del Equipo Argentino de Antropología Forense reporta dos mil 059 personas migrantes desaparecidas.
Sus datos también revelan que en cinco estados se concentran las desapariciones de personas en tránsito: Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Baja California y Sonora.
Además, las nacionalidades de las personas migrantes desaparecidas suelen ser de Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador y Nicaragua.
En el informe que sacaron, en el marco del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, también subrayaron que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha clasificado muchos de estos casos como secuestros, cuando eran desapariciones forzadas, por la clara participación, apoyo, tolerancia y aquiescencia de agentes del Estado. Así, en su tercer informe reportó 70 mil personas migrantes víctimas de secuestro y trata, entre 2011 y 2020”, señalaron.
Ante tal tragedia exigen la creación de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes.
Dijeron que ya hubo apoyo técnico por parte de la Organización de las Naciones Unidas y que fue aceptado por la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, pero acusaron que no hay voluntad ni acciones concretas para que avance.
La importancia de esa Comisión radica en que podría generarse una mejor articulación con las autoridades de origen y generaría mayor apoyo de personas expertas a nivel internacional, sostienen las tres organizaciones.