A partir de este sábado 11 de abril quedan prohibidas las llamadas “pensiones doradas” en México, tras la publicación del decreto que reforma el Artículo 127 de la Constitución en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento, emitido por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, establece que ninguna persona al servicio del Estado podrá recibir una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico.
Además, precisa que, en caso de múltiples cargos, la suma de ingresos no deberá superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
¿Qué cambia con la reforma a las pensiones doradas?
La modificación fija un límite claro en las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios: no podrán exceder el 50% del salario presidencial, lo que equivale a cerca de 67 mil pesos mensuales.
También ordena que esquemas vigentes se ajusten a este tope, salvo excepciones como Fuerzas Armadas o sistemas de ahorro individuales.
Un esfuerzo por frenar excesos
Las “pensiones doradas” corresponden a jubilaciones de altos exservidores públicos —especialmente en organismos y empresas del Estado como Pemex o CFE— que en algunos casos superaban incluso el salario presidencial.
La reforma, aprobada en marzo, busca corregir estas diferencias y generar ahorros estimados de hasta 5 mil millones de pesos anuales, que podrían destinarse a programas sociales.