“Si bien el homicidio de Nadia fue cometido por particulares y cuya naturaleza es de carácter civil, el Estado mexicano es responsable de la comisión de la violación a los derechos humanos en agravio de Nadia Muciño y de sus familiares”.
El Estado mexicano pone a su disposición (de la familia) la
construcción de una ruta de reparación integral por la vía amistosa sustentada en el reconocimiento de responsabilidad del Estado y enfocada en la
dignificación de las victimas”, dijo
Marcos Moreno Báez, coordinador para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la SEGOB, en la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La representación de la familia Muciño a cargo del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social expuso que en éste, como los miles de casos de feminicidios en el país, “
Nadia no fue la única víctima de una continua violencia, también fueron sus hijos Carlos, Uriel y María Fernanda, quienes nunca recibieron protección del Estado, ni fueron considerados víctimas de la violencia familiar, y una vez asesinada su madre no recibieron atención psicológica o psiquiátrica especializada por parte del Estado mexicano. Lo único que han recibido de las autoridades es indolencia, indiferencia e incluso tratos crueles, degradantes e inhumanos”, comentó la abogada Karla Michel.
También detalló que el clima de impunidad en los
crímenes contra la mujer son debido a omisiones, negligencias y corrupción, que al ser denunciados la Fiscalía mexiquense ha concluido que muchas de esas conductas han prescrito y que incluso no pueden considerarse delito.
“La
violencia institucional no sólo se ha presentado en proceso internos, sino en el proceso internacional, pues las
autoridades mexicanas argumentan la inexistencia de violaciones a los derechos humanos, en este caso particular por los malos tratos que sufrió la madre y la familia, ellos refirieron a que
no existen estas violaciones porque no hay una denuncia que lo demuestre. Es decir que para el Estado mexicano si una mujer no denuncia la violencia la sigue permitiendo, simplemente no existe”, expreso en la audiencia la abogada Karla Michel.
También marcaron que, a tres años de aceptar el caso en CIDH, el
Estado mexicano no ha mandado sus observaciones sobre el problema de fondo del presente caso.
“Con ello minimiza la importancia que involucra la violencia contra las mujeres y la infancia, pese a que el caso a que Nadia Muciño es representativo de esta otra pandemia que se vive en el país y en el Estado de México”, concluyó la abogada.
Marcos Moreno Báez mencionó a las autoridades internacionales que “los sucesos de violencia de los que fue objeto Nadia por su entonces pareja y sobre todo por la
falta de instituciones protectoras de los derechos de la mujer, tuvieron como consecuencia el
trágico desenlace y la violación de los derechos de sus familiares, quienes a partir de su
muerte emprendieron una lucha por la justicia que desafortunadamente no tuvo el desenlace que hoy reclama la sociedad”.
El diplomático reiteró su compromiso de acompañar a la señora María Antonia en el proceso de dignificación y reparación para ella y las once víctimas indirectas, incluidas en el informe de fondo.
“Si bien en 2004 no existía el delito de feminicidio, ni la legislación preveía para medidas de protección a favor de las víctimas de violencia de género, el apego a normas deficientes debe interpretarse como una falla estructural que en si misma constituye una violación a los derechos humanos y es por eso que a lo largo del tiempo se han creados estrategias para la no repetición y que casos como el de Nadia Alejandra sigan perpetuándose”.
Dilcya Samantha Espinoza de los Monteros, fiscal central para delito de violencia de género en Estado de México, mostró una
línea del tiempo de la creación de diversas instituciones dedicadas a combatir la violencia de género.
“La investigación para los delitos de violencia de genero ha evolucionado en los últimos años”.
Desde 2006, la entonces Procuraduría del Estado de México creo la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidio Dolosas contra la Mujer y Delitos Relacionados con Violencia Familiar y Sexual,
con el objeto de dar atención especializada a estos delitos. Se cuenta con 14 fiscalías de este tipo en la entidad.
También hay un
centro de justicia creado en 2012 para las mujeres mexiquenses, este centro tiene objeto de ofrecer servicios interinstitucionales con criterios unificados que brinden soluciones, hay cuatro de estos centros.
Derivado de la alerta de género, desde julio de 2015, la fiscal
participa en el mecanismo interinstitucional de seguimiento a las medidas de prevención, sanción y erradicación de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en Estado México en las que participan los 11 municipios alertados
Además, también se creó la unidad de análisis de
contexto para la investigación de feminicidios,
homicidios dolosos y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, es la primera unidad en su tipo en el país que incorpora un análisis contextual en las investigaciones.
David Peña reconoce los cambios institucionales y las diferentes herramientas creadas, “sin embargo, todas estas
transformaciones no han impactado en nada en la prevención, atención y eliminación de la violencia de género y mucho menos en el presente caso. Son actos con buenas intenciones, pero con nulos resultados”, indicó el abogado de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
En su descarga de argumentos señaló que la
propuesta para atender la reparación no resuelve las problemáticas de fondo que tiene que ver con las
negligencias, omisiones y actos violatorios de los derechos humanos que se cometieron en este caso.
Los factores estructurales no pueden considerarse como una justificación al incumplimiento de las obligaciones del Estado porque estas derivan de decisiones materiales, por ejemplo, han decidido no dotar las nuevas fiscalías que crearon de recursos necesarios. O cuando se dictan medidas de protección pero que no ayudan en nada para que se cumplan”, expresó David Peña.
María Antonia Muciño agradeció la propuesta de reparación del daño y el reconocimiento del Estado mexicano al cometer violaciones a los derechos humanos de ella y su familia.
“Queremos que Isidro sea juzgado y que esté en prisión por la muerte de mi hija y que los servidores públicos que cometieron delitos sean sancionados realmente”, exigió al concluir la audiencia.
