El Estado mexicano sigue sin garantizar los derechos de las mujeres de manera eficaz, en particular el acceso a la interrupción del embarazo y vivir una vida libre de violencia, ya que padecen de numerosos obstáculos en los hospitales y el número agresiones va en aumento, así lo aseguró el “Informe Mundial 2021” de la organización internacional, Human Rights Watch (HRW).
En este documento, HRW evidenció que “el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas”, en específico aquellos con una discapacidad, contra la violencia de género y sexual, pues en 2020 el gobierno mexicano reportó casi mil casos de feminicidio, sin embargo, no todos son investigados o reportados como bajo este delito, según datos de las organizaciones civiles feministas.
Pese a la gravedad, menciona HRW, la normativa mexicana condiciona la pena para ciertos delitos cometidos contras las mujeres y niñas, y las obligan a cumplir con ciertas cuestiones, que contravienen los estándares internacionales. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha descubierto en el acompañamiento de casos de mujeres y niñas, que las autoridades no aplican la perspectiva de género o exigen pruebas cuando los delitos ocurren en secrecía.
Estas cuestiones, dijo HRW, dificultan que las mujeres y niñas accedan a la justicia, por lo que -aseguró- la organización no gubernamental, México Evalúa, encontró que apenas 5.2% de los delitos cometidos en México son resueltos y es habitual entonces que las víctimas no obtengan justicia. Lo anterior, añadió, se debe a la “falta de capacitación, recursos insuficientes, corrupción y complicidad de agentes del Ministerio Público con delincuentes y otros funcionarios”.
En cuanto a la situación del aborto, detalla HWR, el acceso varía según el estado, en los 32 se permite la interrupción del embarazo en caso de violación y en 6 se permite por cualquier motivo hasta las 12 semanas de embarazo (Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Colima). A pesar de que sea legal o no, las mujeres y niñas enfrentan varios obstáculos, como que el personal médico intente “disuadirlas” o se niegan a practicarlo.
Uno de los mayores obstáculos, menciona HWR, para las mujeres y niñas víctimas de violación que desean un aborto, es que se condiciona este derechos a la presentación de una denuncia, aunque según la Norma Oficial México (NOM-046) no es necesario, por ello en 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las víctimas de violencia sexual no necesitan tal denuncia.
En suma, la SCJN declaró que el personal médico no necesitaba verificar que se haya cometido un delito para llevar a cabo un aborto en estos casos, pero la realidad es otra. Entre 2017 y 2020, 439 víctimas de violación tuvieron acceso a un aborto, según el informe “Castigar la Libertad” de la organización Comunicación e Información de la Mujer.
Además 41 mujeres abortan ilegalmente en la Ciudad de México cada día, 3 de cada 10 ciudadanas acuden a los servicios de aborto en Ciudad de México son de otras entidades, 20% de los egresos hospitalarios por aborto se registraron en todo el país desde que la interrupción del embarazo por voluntad propia fue aprobado en CDMX, de acuerdo con datos del estudios ya mencionado.
