En medio de un ríspido debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó reformas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas, para blindar al entonces gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza, contra el desafuero en su contra que se solicitó en la Cámara de Diputados.
A Cabeza de Vaca, hoy aspirante a una curul en el Senado por el PAN, se le acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero no ha enfrentado a la justicia por el fuero del que gozó.
Con Cabeza de Vaca como ejemplo, la Corte hoy estableció que los estados pueden proteger a funcionarios locales desaforados por delitos federales para que no sean detenidos y procesados mientras terminan su cargo.
Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, votaron en contra y acusaron que la Corte estaba creando un manto de impunidad.
“Considero que debemos aproximarnos más a una lectura de la Constitución que impide la impunidad desde ese momento mismo en que se detecten conductas. Finalmente, sancionables en lugar de fijar un criterio que postergue a enfrentar la justicia. Cuando presumiblemente se ha cometido un delito”, dijo Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN.
De inmediato, la ministra Margarita Ríos Farjat le reclamó a la ministra Esquivel y argumentó que respetar la Constitución, no es impunidad.
“Considero que hay que tener cuidado al hablar de impunidad cuando los estados y la Federación prevén un fuero temporal y condicionado al ejercicio del encargo”, señaló Ríos Farjat.
Por su parte, la ministra Lenia Batres acusó a Ríos Farjat de actuar oficiosamente.
“El día de hoy se planteado de manera oficiosa, sin que existiera planteamiento en el proyecto correspondiente el análisis del proceso legislativo que dio origen a las normas impugnadas con el objeto de verificar que se hubiera cumplido con el supuesto principio de democracia deliberativa”, afirmó Lenia Batres.
Entonces el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá entró al debate y comparó el caso de García Cabeza de Vaca con el desafuero que vivió el presidente López Obrador, en 2005, como jefe de Gobierno de la ciudad.
Cuando López Obrador fue desaforado por diputados federales, dijo, la Asamblea Legislativa Capitalina alegó ante la Corte que los legisladores locales debían tener la última palabra.
“La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el jefe de gobierno del Distrito Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador, debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los gobernadores, de las entidades federativas y que por lo tanto y enfatizo en ese punto eran las legislaturas locales quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero”, puntualizó González Carrancá.
Finalmente, el proyecto fue avalado por ocho votos a favor y tres en contra. Y la ministra Ríos- Farjat llamó a las ministras que votaron en contra a no crear un “clima de desinformación en la sociedad” sobre los criterios de la Corte.