La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, con 22 votos a favor y 17 en contra, el proyecto de decreto para la eliminación de siete organismos autónomos, como parte del paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.
La iniciativa se justifica en la duplicación de funciones y el elevado costo asociado a estos organismos, que, en conjunto, representan más de 32 mil millones de pesos anuales.
Organismos
1. Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE): Promueve la competencia y evita prácticas monopólicas. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Economía.
2. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Regula las telecomunicaciones y la radiodifusión. Sus responsabilidades pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Sus funciones se transferirían a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial, con la transparencia de los partidos políticos quedando bajo el Instituto Nacional Electoral (INE).
4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Se ocupa de evaluar la política social y medir la pobreza en México. Sus funciones se trasladarían al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
5. Comisión Reguladora de Energía (CRE): Regula el sector energético, incluyendo electricidad e hidrocarburos. Sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
6. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Regula la exploración y extracción de hidrocarburos. Sus responsabilidades serían asumidas por la Secretaría de Energía.
7. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU): Evalúa y mejora la calidad del sistema educativo. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Justificación
El Gobierno argumenta que la eliminación de estos organismos permitirá una reducción de gastos “innecesarios” y una utilización más eficiente de los recursos.
Sin embargo, la oposición se ha manifestado en contra de esta reforma, defendiendo la necesidad de mantener la autonomía e independencia de estos órganos para asegurar la transparencia y la correcta regulación en sus respectivas áreas.
El proyecto ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación final.