Durante la presentación del informe “Cero Impunidad” en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, expuso los casos de jueces que han incurrido en la protección de presuntos delincuentes en el país.
En el reporte -realizado del 17 octubre al 13 noviembre- se señala lo siguiente:
El juez José Rivas González cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria en favor del exprocurador Jesús “M”, sin los razonamientos suficientes para justificar tal resolución.
De acuerdo con autoridades el juez argumentó cuestiones de salud en beneficio del funcionario, acusado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en relación con el caso Ayotzinapa.
La audición se hizo en menos de dos horas, el 2 de noviembre, un día feriado e inhábil.
Por otro lado, las autoridades señalaron al juez Juan Fernando Luévano Ovalle, quien otorgó una suspensión provisional para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos legales de la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
También para que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y para que suspendan de forma inmediata la entrega o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
El 9 de noviembre, el mismo juez confirmo la suspensión definitiva de la reforma.
Mismo caso con la jueza Elizabeth Trejo Galán, quien el 7 noviembre otorgó suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y se suspendan todas las consecuencias de la reforma, de manera que no se extingan los fideicomisos, ni se haga entrega de los mismos a la Tesorería de la Federación.
En otro tema, el 24 abril de 2023 el juez José Santos Álvarez otorgó un amparo a exalcalde de Tierra Blanca, Veracruz, Tito “N” para dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre de 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad.
Esta determinación fue confirmada después por unanimidad por magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Mientras que el 12 de junio 2023, el juez Fermín Santiago Santiago otorgó un amparo al exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio “N”, para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre 2022, por delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público.
El juez ordenó al Juez de Control dictar la no vinculación, por falta de elementos para procesarlo.
Rogelio “N” es acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios e imagen pública, presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de Veracruz, de cara a elección de 2018.
Y por último, Luis Rodríguez Bucio informó que la juez Zarahí Escobar Acosta otorgó un amparo al exfuncionario de Veracruz, Gabriel “N”, el 31 de agosto de 2023, para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio de 2023, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito.
Gabriel “N” fue Oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, subsecretario de Finanzas y Administración, y secretario del Trabajo; recibió una sentencia de 6 años con 6 meses de prisión. Sin embargo, la jueza, ordenó al juez de Control que citara las partes a nueva audiencia y con plenitud de jurisdicción, se determinara o no, la prisión preventiva.
Aunque para el 9 de octubre el juez local de “Pacho Viejo”, Rene Ortiz, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar.