Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda, denunció el proceder del Grupo Salinas para evadir el pago de sus impuestos: desde interponer recursos para retrasar resoluciones, hasta desacreditar a jueces que pudieran fallar en su contra, todo para evitar el pago de 74 mil millones de pesos que adeuda al pueblo mexicano.
“Este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74 mil millones de pesos en litigio, se trata de casos que se litigan en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación”, enumeró.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres asuntos por 26 mil mdp
- Tribunales Colegiados de Circuito, cinco asuntos por 20 mil mdp
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa 11 asuntos por 8 mil mdp
- Otras instancias, 13 asuntos por 20 mil mdp
La procuradora hizo mención de tres casos relevantes que el Grupo Salinas litiga en la Suprema Corte por 26 mil millones de pesos, en lo que va del año.
El primera data del 2008 con 22 recursos para evitar el pago de 16 años de sus impuestos al pueblo mexicano; el segundo desde 2010 con 10 juicios y 14 años de impago; y un tercero de 2013: 29 recursos y 11 años donde no ha cumplido sus obligaciones fiscales.
Modus operandi de Grupo Salinas
Luego de no pagar sus impuestos el conglomerado interpone recursos judiciales, uno tras otro, ante todos los tribunales y autoridades posibles para evadir sus responsabilidades.
“En los casos donde advierta que un juzgador está por no concederle la razón, entonces lo recusa o lo declara impedido y alega intereses personales”, exhibió en la Mañanera del Pueblo.
Posteriormente, se presentan sentencias firmes de la autoridad judicial de que los jueces no están recusados y pueden resolver objetivamente, no obstante, interponen nuevos juicios, recursos e impedimentos para retrasar indefinidamente la resolución de los asuntos.
Concluyó que el grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego, sabe que no tienen la razón y aun así alargan los procesos.
“Hacen uso de su gran capacidad corporativa para retrasar los juicios y procedimientos de la mano de malos juzgadores e incluso intimidando a servidores públicos. Esas tácticas ya no les darán resultados. Los recursos del erario tienen que ser destinados al pueblo”.