María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), indicó que es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo, que derive en multimillonarios recursos del pueblo a empresas, como fue en administraciones anteriores.
Esto ante las críticas por la creación de la primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que contribuirá al avance del conocimiento, así como la atención y problemáticas nacionales.
Y es que fue desde el 2000 cuando se comenzó a solicitar recursos que se destinaban a fideicomisos, los se fueron aumentando durante los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pasando de 18 a 91 fideicomisos, entre 2000 y 2018.
“Desde el sexenio del presidente Vicente Fox se crearon fideicomisos para acumular recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, declaró Álvarez-Buylla.
En conferencia de prensa matutina, la titular del Conahcyt, explicó que en este mismo periodo, se transfirieron a través de estos fideicomisos y programas presupuestarios del Conacyt más de 45 mil millones de pesos a empresas nacionales y transnacionales, entre ellas Kimberly Clark, Femsa, Monsanto, Continental, IBM, entre otras.
El Consejo era utilizado para facilitar las transferencias multimillonarias a las empresas, que fueron legitimadas por instituciones de educación superior públicas y privadas.
“Se triangulaban las transferencias. Las empresas no solamente recibían estos recursos so pretexto de la innovación a fondo perdido sin que tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento de apoyo para su negocio”, subrayó María Elena Álvarez-Buylla.
A la par se construyeron “falsas ciudades del conocimiento” y elefantes blancos como en Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Durango, que son utilizadas para fines diferentes a la ciencia.
En tanto, Álvarez-Buylla también exhibió redes de intereses políticos, a partir del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Entre organizaciones ligadas a los desvíos de funciones y transferencia de talento, se encuentran el INE, INAI, Mexicanos contra la corrupción, entre otros.
“(CIDE) Habilitó unos de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones que debían de ser a favor del país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos”, señaló.
De acuerdo con Álvarez-Buylla, la simulación de los gastos de recursos, de 2013 a 2018, se refleja en que México bajó 16 lugares en innovación a nivel global, a pesar de que hubo un incremento de 162% del gasto público.
En contraste, explicó Álvarez-Buylla, en lo que va de la actual administración México recuperó seis lugares en resultados de innovación. Además, destacó que se están otorgando más becas a estudiantes, posdoctorados así como a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y apoyos para ciencia básica y aplicada.