Familiares y organizaciones de derechos humanos, de México y Guatemala, demandan la liberación de Juana Alonzo Santizo detenida de forma arbitraria desde hace 7 años, y que continúa en prisión preventiva en un penal de Reynosa, Tamaulipas.
Acusada presuntamente por secuestro y víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos, denunciaron que persiste discriminación y criminalización hacia migrantes indígenas que transitan por el país, para llegar a Estados Unidos, por parte de autoridades mexicanas.
En conferencia de prensa, Ana Gómez y Josselyne García, integrantes de la organización guatemalteca Promotores de la Liberación Migrante (PLM), quienes acompañan el caso desde hace seis meses, expresaron que el caso de Juana es emblemático dadas las violaciones a sus derechos humanos, ya que fue detenida de forma arbitraria, sometida a tortura por parte de las autoridades mexicanas y no se le proveyó de un intérprete; Juana sólo hablaba maya chuj.
Migrar no es un delito
Josselyne enfatizó que en Guatemala la migración de mujeres responde, entre otras cosas, a la falta de educación, desempleo y oportunidades, por lo que pidió no culpabilizar a las mujeres que deciden migrar al buscar mejores condiciones de vida.
Dijo que los gobiernos anuncian programas para los y las jóvenes, pero que no llegan a los pueblos originarios lo que dificulta el acceso para incentivar mejores condiciones, razón por la cual deciden emprender el tránsito hacia Estados Unidos. Ese fue el caso de Juana, compartió.
Sofía de Robina, abogada integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) compartió que el caso de Juana Alonzo Santizo representa muchas de las violaciones a los derechos humanos que han documentado: la construcción de pruebas de manera ilícita, la tortura y declaraciones auto inculpatorias. Estas se ven agravadas cuando Juana es detenida sin hablar español:
“la obligan y amenazan para una declaración […] estas violaciones muestran su peor cara y peor rostro frente a los migrantes que se encuentran frente en un contexto de dificultad, para alzar la voz y defenderse. Eso ha llevado a que Juana, a casi 8 años, continúe en prisión preventiva en Tamaulipas”.
En tanto, Pedro Alonzo –tío de Juana– al compartir sobre su caminar en esta defensa dijo que ha sido muy difícil a nivel económico y familiar, pero que mantienen la esperanza para que su sobrina sea liberada.
Ana Matilde Gómez, tía de Juana, compartió en entrevista a Once Noticias que su mensaje estaba dirigido “a todas las instituciones que deben dar libertad a Juanita. Quisiera exigirles a ellos que ya merece su libertad la Juanita, ¿para qué la tienen encerrada ahí, sino hay evidencia? ¿Y para cuántos años más? Juanita merece estar con su familia. La verdad es cuándo y cómo, pero si no hay una sentencia, nosotros queremos exigirles que le den la libertad, porque Juanita es inocente. Por eso estamos pidiendo ayuda, qué más puede decir al gobierno y a la Fiscalía, qué explicaciones quieren si Juanita es inocente”.
En búsqueda de justicia por Juana Alonzo
Los tíos de Juanita, como es llamada de cariño, vinieron a México con la XVI Caravana Centroamericana de madres y padres que buscan a sus hijos, hijas y familiares, organizada por Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). Fue a través de ella que lograron llegar a territorio mexicano, ya que no poseen los recursos ni los papeles, para transitar por el país lo que dificulta la defensa de su sobrina.
Al respecto De Robina señaló que las autoridades mexicanas están obligadas a reconocer a la familia de Alonzo Santizo como víctimas y deben brindarles una tarjeta de visitante por razones humanitarias con el objetivo de facilitar el tránsito para la defensa de Juanita.
Por esta razón subrayó que, si Juana es liberada, también se deberá comprobar ante el Instituto Nacional de Migración su situación migratoria para evitar su detención, pero por su condición migrante, por lo que criticó los obstáculos que enfrentan las personas al transitar por el país.
Por otro lado, recordó que el caso tiene una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas por la tortura a la que fue sometida Juana Alonzo Santizo.
También el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó la decisión No. 35/2021, por la privación de libertad de Juana, que contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los tíos y las organizaciones acompañantes sostendrán una reunión virtual con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para tener por primera vez un diálogo con las autoridades, ya que antes ha sido con intermediarios.
En la actualidad el caso se encuentra en instrucción y está cerca de cerrarse para que la Fiscalía valore las pruebas. Fue apenas hace un año, además, que la Defensoría Pública asumió el caso. Antes estuvo bajo defensa legal privada y local, por lo que no hubo avance, denunciaron las organizaciones acompañantes.
Sofía de Robina explicó que una vez que se valoren las pruebas, siguen las conclusiones de la Fiscalía y la defensa:
“La Fiscalía de Tamaulipas podría presentar conclusiones no acusatorias. El Fiscal tiene que estar de acuerdo, por eso el llamado es que en la valoración del expediente se dé cuenta que no hay pruebas suficientes, por el contrario, la mayoría fue obtenida de manera ilícita y no sostiene la acusación”, relató.
Agregó que el juez deberá revisar el expediente, y juzgar con perspectiva de género, considerando el contexto de migración, la etnicidad y con perspectiva de derechos humanos.
Por su parte, PLM mantiene una campaña de cartas dirigidas a la Fiscalía, a través de redes sociales, con el objetivo de continuar con la defensa de Juana.
El próximo viernes Pedro y Ana viajarán a Reynosa, para reunirse con Juana. Ese mismo día, por la noche, regresarán a Ciudad de México, para luego volver a San Mateo Ixtatán, en el departamento Huehuetenango, Guatemala, de donde es originaria la familia Alonzo Santizo.