El pasado 13 de marzo se cumplieron tres años de la detención de Yonny Ronay Chacón González, estudiante chiapaneco, quien, de acuerdo con su defensa, fue privado de su libertad de manera arbitraria e ilegal. Su caso ha cimbrado debido a la exposición de las violaciones de derechos humanos, por parte del sistema de justicia de la entidad, que han sido denunciadas por su familia. Actualmente, el estudiante enfrenta una sentencia de 31 años y 6 meses de prisión, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados de Villaflores, emitida el 1 de marzo por la jueza Ana Lilia Portela Hernández de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores. En dicha emisión condenatoria “se violentó el debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad e igualdad judicial y el principio de contradicción e inmediatez”, señala el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC (CDH FrayBa). Yonny fue detenido en un retén policial ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, torturado por dos días en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH); además fue sujeto a montajes por parte de la FAI, quien utilizó ilegalmente su credencial de conducir para fabricar testimonios falsos y sentenciar a otras dos personas. En una carta escrita por Yonny y dirigida a las Comisiones de Derechos Humanos, así como al Presidente Andrés Manuel López Obrador, medios de comunicación y población en general, compartió que el 14 de marzo interpuso, junto a su defensa legal, apelación de la sentencia condenatoria. El estudiante exige su libertad absoluta y que los magistrados de la sala regional resuelvan su caso conforme al derecho. Asimismo urge a que “se investiguen los actos de tortura, se revisen bien todas aquellas carpetas de casos armados y libertad para las personas acusadas con declaraciones falsas”, concluye Yonnny. El CDHFrayBa denuncia también que el caso del estudiante representa la complicidad entre la FGECH y los jueces del Poder Judicial de Chiapas, “quienes han actuado en contubernio para fabricar culpables y tener a personas inocentes en las cárceles sin que existan pruebas sobre su responsabilidad penal. Por un lado, la FGECH detiene y tortura a las personas, mientras que los jueces cierran los ojos ante estas violaciones graves a los derechos humanos”. Señalan que Chiapas es una entidad en la que sus Fiscalías prevalece la impunidad dado que, según un informe publicado sobre las fiscalías en el año 2021, en dicha entidad se cuenta con 2.42% de esclarecimiento del delito, lo que impacta en el derecho a la verdad. Además, suma el contexto de sentencias que se emiten: de 844 casos que conoció el Consejo de la Judicatura de la entidad en el año 2021, 616 fueron sentencias condenatorias (72.99%) y 80 resultaron absolutorias (9.48%), el resto de 17.53% representaron diversas resoluciones, según detalla el FrayBa.
“Es decir que una persona acusada por la FGECH solo tiene al rededor del 10% de que se dicte sentencia absolutoria a su favor”, recuerda el CDHFrayBa.No obstante, enfatizan que tanto la familia de Yonny como la defensa acompañada por el FrayBa, no claudicarán y continuarán con la lucha por la justicia del estudiante.