La familia de Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos asesinada en octubre de 2001, denunció que el Estado mexicano ha incumplido las medidas de reparación del daño, establecidas en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pidieron acatar la resolución de reabrir el caso Digna Ochoa para determinar a los responsables del delito y encontrar las omisiones en que incurrieron funcionarios públicos.
Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, expresó: “prácticamente está igual que cuando comenzamos en aquel entonces en el 2001, 2021, 2022, sucesivamente… No hay ningún avance, realmente hay mucha omisión”.
“Nosotros pedimos particularmente que se investigue al fiscal Renato Salsa Heredia que en su momento fue el creador -a mediados del 15 de diciembre de 2021- de la hipótesis del suicidio simulado. Posteriormente se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, y posteriormente se investigue a José Antonio Pérez Bravo”, añadió.
En conferencia, la defensa de la familia Ochoa recordó también la importancia de establecer medidas que permitan la no repetición de violencia y delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, además de establecer un protocolo de investigación de delitos cometidos contra activistas.