A siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, han sido detenidos casi 150 implicados, pero más de 70 fueron liberados, argumentando falta de pruebas y nueve vinculados a proceso fueron asesinados.
Pese a la errática ruta de la primera etapa de las investigaciones para esclarecer la negra noche de Iguala, las autoridades del actual Gobierno lograron girar 80 órdenes de aprehensión y faltarían 40 más, según familiares de las víctimas.
Además, al menos una decena de exservidores públicos de la administración pasada, tanto federales como locales, se encuentran prófugos de la justicia.
Destaca en esta lista el nombre de Tomás “Z”, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, responsable de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y señalado como torturador y autor de la fracasada frase de la “verdad histórica”.
Además, el pasado 15 de septiembre, un juez federal dictó formal prisión al exjefe de la Policía Federal Ministerial de aquella PGR, Carlos “G”, por su presunta responsabilidad del delito de tortura durante las investigaciones del caso.
Los familiares de las víctimas demandan mayores avances en las investigaciones respecto a la presunta participación de militares del 27 Batallón de Guerrero.
La Secretaría de la Defe0nsa Nacional (Sedena) informó en noviembre de 2020 de la detención y reclusión en una prisión militar del capitán José Martínez Crespo, como presunto implicado en los acontecimientos.
Tras siete años de lucha para dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa, sus familias persisten en encontrarlos y el compromiso del Gobierno actual es hacerles justicia y llevar a la cárcel a todos los responsables.