Se cumplieron 43 días de plantón frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) exigiendo la inmediata liberación de siete indígenas mazatecas presos políticos de la comunidad de Eloxochitlán Flores Magón, Oaxaca. Como parte de la búsqueda de la verdad para su caso, pidieron la investigación de los cuerpos víctimas de una balacera, en diciembre de 2014.
El plantón inició hace mes y medio, ya que el caso se turnó al nivel federal, pues las apelaciones y los amparos para absolución de los delitos fueron negados en el estado de Oaxaca.
Los siete detenidos fueron arrestados tras una asamblea en la que participaron autoridades comunitarias y municipales.
Fue el 14 de diciembre de 2014 cuando el sonido de pistolas y sus balas disolvieron la asamblea comunitaria en el pueblo de Eloxochitlán, Oaxaca. A partir de ahí, 40 personas, hombres y mujeres con representación comunitaria y liderazgos fueron víctimas del encarcelamiento por la fabricación de delitos como “homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado”.
Los testimonios de los asambleístas heridos señalan que el tiroteo fue articulado por la familia Zepeda y un grupo de choque que estaba en desacuerdo con las decisiones comunitarias.
Durante esa noche, la policía municipal inició una cacería de brujas contra todas las personas que participaron en el ejercicio político de la comunidad; para esa madrugada había 40 personas detenidas, entre ellas el presidente municipal, que formaba parte de la asamblea.
Los indígenas mazatecos han sido absueltos de todos los delitos a lo largo de los siete años, ya que no existe prueba alguna que los señale como asesinos o siquiera que lo intentaron.
Esta violenta noche dos personas perdieron la vida, una de ellas fue el hijo mayor de la familia Zepeda, a quien la policía comunitaria lo detuvo por la portación de un arma de fuego. Los comunitarios entregaron vivo a Manuel Zepeda, en los reportes de los policías municipales también confirman que el hombre fue presentado con vida ante en el ministerio público, sin embargo, a la mañana siguiente apareció muerto dentro de las instalaciones ministeriales.
“Si el hombre murió, fue a manos de la procuraduría. Nuestra lucha por la verdad y la libertad nos ha llevado a pedir justicia por las personas fallecidas en condiciones inciertas. El proceso penal de nuestros presos ha ido descubriendo líneas de investigación para saber qué sucedió realmente esa noche, por eso solicitamos la exhumación de los cuerpos de Manuel Zepeda Laguna (en la carpeta 02/2015) y el de Gustavo Estrada Andrade (55/2014)”.
La exhumación, según explicaron las familias, se considera de “vital importancia”, no para demostrar la inocencia de sus compañeros que ya han demostrado, “sino para mostrar que fue el Estado mexicano el responsable de esas muertes” y las consecuencias que estas han traído a la comunidad.
Con ello también demostramos la cruel fabricación de delitos que mantuvo sitiado el pueblo por la constante persecución, desarticulación y desaparición de toda nuestra comunidad indígena y nuestro autogobierno”, denunciaron.
A pesar de los 43 días que tienen sobre la vía pública, el Consejo de la Judicatura no ha emitido alguna resolución favorable pues los casos se encuentran en la etapa de instrucción en el juicio, lo que significa una etapa anterior al dictado de sentencia, pero los tiempos burocráticos han dilatado la libertad de los defensores.
Presos deben ser liberados
Los juzgados federales han mostrado una cultura de injusticia y racismo institucional. Si esas no fueran las actitudes, no llevaríamos 43 días en plantón. Si bien este gobierno nos dio una esperanza para atender a los presos políticos ha sido difícil llevarlo a cabo. Las palabras son lindas y las promesas también, pero nosotros estamos enfrentando la realidad donde un día se convierten en tres años de espera dentro de la cárcel”, declararon los familiares de las víctimas.
Se generaron oficios desde la Subsecretaría de Derechos humanos de Gobernación llamando la atención a los magistrados por el tema de la dilación, sin embargo, este documento no tiene ninguna facultad para ejercer las libertades de sus presos.