A un año del feminicidio de Victoria Salazar, las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, continúan postergando la audiencia del caso, sin notificar previamente a la familia y representantes legales de la joven, así lo denunció en un comunicado el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Victoria era una salvadoreña refugiada en México con su hija. Fue asesinada el 27 de marzo de 2021, en la vía pública por por elementos de la policía local de Tulum.
El Gobierno de México y de El Salvador se comprometieron, desde el más alto nivel, a dar seguimiento y garantizar acceso a la justicia, pero el caso sigue en la impunidad.
El Imumi detalló que la investigación de las autoridades carece de perspectiva de género, eficacia y que en siete meses no cumplieron con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) bajo el expediente 32/2021, las cuales exigían una disculpa pública 30 días después de la aceptación de la recomendación, atención médica, psicológica y tanatológica para la familia de Victoria, la reparación del daño, entre otras más.
#NiUnaMás #MujeresRefugiadas
— IMUMI (@IMUMIDF) March 29, 2022
⚠️ A un año del asesinato de #VictoriaSalzar se ha documentado inconsistencias en el proceso penal, como la suspensión de las audiencias intermedias y la falta de perspectiva de género en el proceso.
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Ante ello, comentó, las autoridades del Ayuntamiento de Tulum argumentaron su incumplimiento diciendo “que no solo es su responsabilidad, sino también de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum”, pese a que en 2021 aceptaron lo establecido en el documento de la CNDH.
La representación legal del caso, es decir, la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) y Asylum Access México (AAMX) denunciaron aunque la recomendación no establece un plazo para el cumplimiento, las autoridades de Quinta Roo no demuestran ningún interés en llevarla a acabo.
“La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado Mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetua la violencia institucional”, detallaron.
Por último, llamaron a las autoridades municipales, estatales y federales en México a brindar una reparación integral del daño, acceso a la justicia, garantizar la no repetición y coordinarse con las autoridades salvadoreñas para el acompañamiento, y atención de necesidades transnacionales de la familia de Victoria.