Hace cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo, y en una repentina aceleración diversos estados avanzaron en la despenalización del aborto, sin embargo, sigue tipificado como delito en los Códigos Penales de México.
A dos días del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, conmemorado cada 28 de septiembre, organizaciones feministas presentaron una propuesta de iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de que el aborto sea eliminado del Código Penal Federal y sea reconocido como un derecho universal que no esté “privilegiado por la geografía”.
Para Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México (CDD), el que el aborto continúe siendo sancionado impulsa que la criminalización persista y esto dificulta el acceso de las mujeres y personas gestantes en el acceso a los servicios de salud o de ejercer su derecho a decidir.
Mientras el aborto siga siendo tratado como delito, apuntó García Hernández en entrevista con Once Noticias, siempre existirá el riesgo de que mujeres y personas gestantes enfrenten procesos legales por interrumpir un embarazo o padecer una emergencia obstétrica.
Entre 2012 y 2025, expuso García Hernández con base en cifra del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se han realizado 2 mil 169 denuncias por aborto, 680 contra mujeres, 127 contra hombres y en el resto no se específica el género.
Asimismo, García Hernández resaltó la importancia de avanzar tanto en lo jurídico como en lo social: “Los cambios legales son fundamentales, pero también estamos construyendo campañas que descriminalicen culturalmente el aborto […] porque es un tema de salud pública, justicia social y de derechos humanos”.
La iniciativa, reiteró, busca que el aborto sea reconocido en los servicios de salud. “Que las mujeres y [personas gestantes] sean atendidas sin obstáculos, eso es lo principal [..] queremos hacer un cambio social, de mirar el aborto como un ámbito de salud”, añadió.
Reconocer que la libertad de las mujeres y personas gestantes no es un crimen es un paso crucial hacia la despenalización social y a que las mujeres y personas gestantes dejen de ser vistas como “criminales” por decidir sobre su cuerpo, apuntó la directora de CDD.
Es necesario mencionar que 23 estados de México han aprobado la interrupción voluntaria del embarazo, algunos de ellos hasta las 12 semanas de gestación, pero persisten nueve estados rezagados: Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Tlaxcala, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, según datos de las organizaciones feministas.
Fuera aborto del Código Penal Federal
La iniciativa busca reformar los artículos 329, 330 y 331 para cambiar la redacción de estos. De modo que se eliminaría el “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento” a el “aborto no consentido es la interrupción de un embarazo en cualquier momento de la gestación” en el artículo 329.
De igual manera, se pretende modificar que la personas que lleve a cabo un aborto a una mujer o persona gestante sin su consentimiento o en contra de su voluntad “se le aplicará de tres a seis años de prisión”. La pena aumenta si se infringe violencia de seis a ocho años.
Asimismo, propone eliminar los artículos 332, 333, y 334.
