La Fiscalía General de la República señaló al ahora expresidente, Enrique Peña Nieto, como cabeza de un aparato de poder criminal y de jugar un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, dentro de la red de corrupción y sobornos del llamado caso Odebrecht.
En la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis “V”, presentada por la Fiscalía ante un juez de control, y que le fue devuelta para subsanar inconsistencias, la dependencia infiere que el ex mandatario siempre estuvo detrás de los delitos cometidos en la cadena de corrupción y sobornos relacionados con la constructora brasileña.
El documento oficial de 100 hojas filtrado esta tarde a los medios de comunicación, refiere que Peña Nieto, quien ocupó la presidencia de 2012 a 2018, “contaba con su propio aparato de poder criminal”.
Agrega que “implementó una estrategia de coptación” de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente aportado por Odebrecht, “para el pago de sobornos a ex legisladores de PRI y PAN”.
La fiscalía presume que el expresidente Peña Nieto utilizó a Luis “V” y Emilio “L”, para cometer los ilícitos que se les imputan a todos los involucrados, apartándose del estado de derecho y utilizando el cargo al que fue electo, para delinquir.
De acuerdo con el documento, con su actuación, el ahora expresidente no sólo obtuvo beneficio personal sino “también en beneficio de la empresa Odebrecht que lo había hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”.
Para la parte acusadora “los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria, surgieron por disposición de él mismo”, ya que Luis “V” actuó acatando instrucciones de su jefe.
Añade que a instancias del exmandatario, Luis “V” distribuyó “de manera espontánea y por interpósitas personas” más de 121 millones de pesos a los legisladores panistas, Ernesto Cordero, y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista, Ricardo Anaya, y al legislador priista, David Penchyna Grub.
En otra parte, la solicitud de la fiscalía afirma que Luis “V” representa un riesgo para las investigaciones, pues “puede destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, para evadir su probable responsabilidad material en el caso”.
Además, acusa a los ex legisladores del PAN, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y al ex diputado del PRI, David Penchyna, de asociación delictuosa. Precisa que por traición a la patria, Luis Videgaray podría recibir una condena de 79 años de prisión.