La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la resolución del juez José Alberto Chávez, que le impide reabrir el caso del magnicidio cometido en la persona del que fuera candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado hace 30 años en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
La FGR acusa al juzgador que le negó librar la orden de aprehensión con la que se reabriría el caso, de actuar de manera evidentemente parcial.
Además de no tomar en cuenta todas las pruebas aportadas por su representación ministerial, para soportar la hipótesis del “segundo tirador”, identificado en las investigaciones como José Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Así como de la presunta vinculación directa a los hechos de Genaro García Luna, quien era en ese entonces subdirector operativo en el propio CISEN.
En una tarjeta informativa, y sin mencionar los nombres completos de los probables implicados en el magnicidio, la FGR señala que hace 20 días el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas.
#FGRInforma | Con relación al segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de… pic.twitter.com/A1DyHsydXG
— FGR México (@FGRMexico) January 29, 2024
Jorge Antonio “S”, agente del CISEN
Asegura que dichas pruebas implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo por Genaro “G”, quien era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana.
Insiste en que las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Todas las pruebas aportadas por la FGR -sostiene-, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima, además de que las pruebas de rodizonato señalan que el acusado disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.
Testigos que vieron al “segundo tirador”
La Fiscalía afirma que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima, además de un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima.
De acuerdo con la FGR, también se encuentra debidamente probado que el extinto CISEN, de la Secretaría de Gobernación, mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia.
El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, señala la Fiscalía.
Afirma que la testigo a la que se refiere el diario Reforma, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido, ocultando en cambio “todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial”.
La Fiscalía General de la República acusa incluso al juez de llegar al extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia.
Demostrando con ello -continúa- que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
Por ello, la FGR anuncia que irá al proceso de apelación, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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