La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso el pasado 24 de mayo su recurso de apelación, para impugnar la resolución del juez de Control del Reclusorio Sur, Felipe De Jesús Delegadillo, de no vincular a proceso a los tres abogados y el asesor financiero, acusados de extorsión por el reconocido litigante en prisión, Juan “C”.
En la impugnación de 117 páginas, la fiscal María Eugenia Castañón, pide a un Tribunal Unitario declarar impedido al juez Delgadillo Padierna, de encabezar una nueva audiencia, debido a su predisposición, falta de imparcialidad y profesionalismo.
Acusa que el juzgador hizo manifestaciones contrarias a la norma procesal, al imputar de manera “injusta e insultante” a la FGR, de emplear versiones inverosímiles, actuar de mala fe y ocultar información, así como de usar pruebas fabricadas, incurrir en falsedades y de actuar en forma perversa.
La FGR afirma que es falso que exista un efecto corruptor en la denuncia de Juan “C” contra los imputados, por el hecho de haber sido presentada bajo la solicitud de un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad.
Reclama, además, que la resolución del juez Delgadillo Padierna no está debidamente motivada y fundamentada, toda vez que no existe la figura jurídica de “imputación ficticia”.
En este caso, los abogados Juan Antonio Araujo y César Omar González, dos de los acusados, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, al propio titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y otros servidores públicos, de presuntamente estar asociados delictivamente con el abogado Juan “C”.
Los litigantes aseguran que los hechos descritos en su denuncia dan cuenta de una trama sin precedentes en la historia moderna de la justicia mexicana, ya que “nos encontramos ante la colusión de funcionarios públicos en materia de procuración de justicia al más alto nivel en el país”.
Expresan su preocupación, ya que nunca habían presenciado la utilización de la FGR para fines estrictamente personales.