La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará de inmediato un procedimiento penal contra el juez de control que absolvió a la exsecretaría de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, del delito de ejercicio indebido del servicio público por la llamada “Estafa Maestra”.
La FGR acusó este sábado a dicho juez Federal de cometer una injusticia inaudita e inaceptable y de actuar dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias ya existentes en expedientes penales.
Detalló que uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país es el llamado “Estafa Maestra”, que hasta este momento asciende a un saqueo de recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos.
Y aclara que el caso de La Estafa Maestra, no se acaba con la exfuncionaria federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal y presentadas ante un juez.
“La afectación al patrimonio nacional –insiste la FGR-, ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario “R”, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el Código Penal Federal”.
Ello, continúa, porque la imputada, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos señalados y existen pruebas abundantes al respecto, al no avisar por escrito a su superior jerárquico, ni impedir ni evitar ese saqueo.
La FGR sostiene que el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario “R”, es un acto de injusticia inaudito, que obliga a la esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato.
Remarca que el sobreseimiento decretado por el juez, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes, y declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, por carecer de sustento y fundamentos en los hechos y en las leyes.
También señala que el juez, contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente.
La Fiscalía añade que independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia.